Si algo ha quedado claro en esta novela judicial sin justicia que encabeza el juez Carlos Alberto Herrera, es que perseguir a los enemigos del gobierno es la prioridad, aunque para ello haya que torcer la ley, desacatar amparos, e ignorar principios constitucionales. Pero la pregunta obligada es: ¿cuál fue el crimen real del alcalde con licencia Gerardo Vargas Landeros?
¿Tomar decisiones responsables en medio de una crisis? ¿Atreverse a cumplir lo que prometió en campaña?
Porque eso fue lo que hizo, atender una necesidad inminente de seguridad para el municipio, la adquisición de patrullas no fue un capricho ni un lujo, fue una estrategia urgente y legítima para proteger a la ciudadanía y los resultados lo confirman: la percepción de inseguridad bajó, los índices delictivos mejoraron, y Ahome se colocó como la tercera ciudad más segura del país.
¿Y cómo se logró eso en medio de una administración quebrada, recibida con las arcas públicas vacías? Mediante una estrategia de arrendamiento, que fue la única opción financieramente viable. En ese momento, además, el mundo enfrentaba una crisis de producción de vehículos por la escasez de “chips”, por lo que se aceptaron los modelos disponibles en el mercado, lo urgente no era el modelo, era salir a patrullar las calles y dar resultados.
Claramente no se actuó en la oscuridad ni en lo ilegal, la adquisición fue plenamente apegada al marco legal, incluyendo las disposiciones del oficio 001/2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el respaldo del gobierno federal bajo el expediente 002/2020 promovido por el presidente López Obrador. Todo fue público, documentado y conforme a derecho.
Entonces, ¿cuál es el delito? El único “delito” de Gerardo Vargas fue cumplirle al pueblo, fue materializar una promesa de campaña con resultados visibles. Pero en un estado donde los jueces sirven al poder y no a la Constitución, hacer las cosas bien también es castigado.
Carlos Alberto Herrera no persigue delincuentes, persigue compromisos cumplidos que incomodan al poder. Y esa es la verdadera tragedia judicial en Sinaloa.
