España.- Un juez español ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de una investigación sobre presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. La citación se realizará el próximo 5 de julio y está a cargo del juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La investigación se centra en una serie de contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que Gómez codirigía. Las pesquisas buscan determinar si Gómez utilizó su influencia para favorecer a Barrabés en la obtención de contratos públicos, algunos de los cuales podrían haber sido financiados con fondos europeos, lo que añadiría una dimensión internacional al caso.
El juez Peinado ha solicitado a la Guardia Civil, actuando como policía judicial, que recabe los expedientes de contratación de varios organismos gubernamentales y del Ayuntamiento de Madrid, que adjudicaron contratos a la empresa Innova Next, administrada por Barrabés. Los contratos en cuestión ascienden a un valor total de 10 millones de euros.
La investigación fue inicialmente impulsada por una denuncia del grupo autodenominado “sindicato” Manos Limpias, conocido por sus vínculos con la derecha y su enfoque en llevar a políticos de izquierda ante los tribunales. La denuncia se basa en informaciones de prensa que la Fiscalía había solicitado archivar, pero el juez decidió continuar con las diligencias.
El caso ha generado una gran polémica política en España, con el Gobierno insistiendo en que las acusaciones contra Gómez son infundadas y forman parte de una estrategia mediática y política para desgastar a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, tras conocerse la apertura de diligencias contra su esposa, se tomó cinco días de reflexión a finales de abril para decidir si dimitía, pero finalmente optó por continuar en el cargo, calificando la situación como una campaña de “acoso y derribo” contra su familia.
En una declaración reciente, Sánchez defendió a su esposa como una “profesional honesta, seria y responsable” y expresó su compromiso de seguir trabajando “con más fuerza” por la regeneración de la democracia española y la consolidación de derechos y libertades.
Además de las acusaciones de tráfico de influencias, la investigación también examina las reuniones de Gómez con los propietarios de una aerolínea rescatada por el gobierno durante la pandemia y que fue patrocinadora de un centro de desarrollo africano que ella dirigía en una universidad privada. Asimismo, se investigan las cartas firmadas por Gómez en respaldo a Barrabés, quien buscaba subsidios gubernamentales mientras financiaba un programa de maestría que ella dirigía.
El caso se ha mantenido en el centro del debate político desde abril, influyendo en el clima previo a elecciones regionales clave en Cataluña, donde el partido socialista de Sánchez logró una victoria significativa. Los críticos acusan al presidente de utilizar la situación para victimizarse y desviar la atención de otros asuntos políticos.
Según la ley española, un juez puede abrir una investigación preliminar para decidir si hay motivos suficientes para llevar a juicio a los investigados. En este contexto, es común que personas en la posición de Gómez sean llamadas a testificar para esclarecer los hechos antes de tomar una decisión sobre la continuación del proceso judicial.
La investigación en curso y la citación de Begoña Gómez representan un desafío significativo para el Gobierno de Pedro Sánchez, tanto en el ámbito judicial como en el político, en medio de un panorama de alta tensión y escrutinio público.
