México.- En un esfuerzo histórico por garantizar el acceso al agua como un derecho humano, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, participó en la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Parque Ecológico de Xochimilco.
Este acuerdo busca transformar la gestión de los recursos hídricos en el país, reconociendo el agua no solo como un recurso, sino como un derecho fundamental que debe ser preservado para futuras generaciones.
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Durante su discurso, Marina del Pilar subrayó la importancia de esta iniciativa para Baja California, un estado con retos históricos en el abastecimiento de agua. “Este acuerdo deja claro que el agua no es una mercancía, sino un derecho humano. Este acto de justicia social garantiza el abasto para las generaciones venideras”, afirmó la gobernadora.
La mandataria también destacó proyectos estratégicos impulsados durante su administración, como la rehabilitación de la planta de tratamiento San Antonio de los Buenos y el desarrollo de la planta desalinizadora en Playas de Rosarito. Estas obras, respaldadas por el gobierno federal, son clave para asegurar el acceso al agua en la región.
En el marco del acuerdo, se anunció una inversión nacional de 9 mil millones de pesos en 2025 para tecnificar el riego agrícola, buscando un uso más eficiente del agua en el sector. Asimismo, empresas como Grupo Lala han tomado medidas sin precedentes, devolviendo concesiones de agua en zonas estratégicas para la conservación ambiental.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la colaboración entre los sectores público, privado y social. “Este plan hídrico es esencial para construir un México más equitativo y sostenible”, declaró.
Con su participación, Baja California reafirma su compromiso con la sustentabilidad y el derecho al agua, alineándose con los esfuerzos nacionales para proteger los recursos hídricos y garantizar el bienestar de sus habitantes. La firma de este acuerdo representa un paso significativo hacia un manejo responsable y equitativo del agua en el país.
