Tal como si Nostradamus lo hubiera escrito con puño y letra, el desenlace era más que predecible, hoy, miércoles 4 de junio a las 08:30 horas, se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso contra Gerardo Vargas Landeros. ¿Sorpresa? Ninguna. Ya desde ayer se olía el circo judicial montado por el gobierno estatal, con su juez de confianza (porque eso de “juez de control” le queda corto) Carlos Alberto Herrera, ese que sigue instrucciones como si leyera un guion redactado en la oficina del gobernador Rubén Rocha Moya.
Sí, el mismo juez que el viernes pasado lo mandó detener ilegalmente, hoy lo vinculó a proceso, poco importaron las suspensiones federales, los alegatos sólidos de la defensa o el hecho de que la detención violó principios básicos del derecho. Aquí, la ley no importa: lo que importa es cumplir la voluntad del que manda… y no hablamos de la Constitución, sino de Rocha Moya.
La acusación: supuestas irregularidades en la compra de equipo de seguridad durante la pandemia, porque claro, qué oportuno desempolvar expedientes justo cuando Vargas Landeros lidera las encuestas para la gubernatura y amenaza con incomodar los planes del gobernador y su delfín, el senador Enrique Inzunza Cázares. Todo tan conveniente que ofende la inteligencia.
Y por si no fuera suficiente el montaje, recordemos que el Congreso estatal, también alineado cual orquesta de marionetas, aprobó el desafuero de Vargas el pasado 2 de mayo, desde entonces, la estrategia es clara: quitar del camino al favorito, deslegitimarlo y debilitarlo, no en los tribunales de justicia, sino en los de la manipulación política.
Lo que pasó hoy es más que una simple audiencia judicial, es una puesta en escena vergonzosa, una muestra más de cómo en Sinaloa el Ejecutivo no solo gobierna, también juzga, acusa, encarcela… y cuando quiere, libera o simplemente no aprende. ¿Separación de poderes? Aquí, eso es un mal chiste.
Lo ocurrido es una señal de alerta grave: si no se pone un alto, lo que queda de la democracia en Sinaloa terminará devorado por la ambición de quienes usan el poder no para servir, sino para aplastar a quien les estorba, la justicia está secuestrada, el estado de derecho es una farsa, y el juez Carlos Alberto Herrera se ha ganado el título no de impartidor de justicia, sino de operador judicial al servicio de Rocha.
Una vergüenza, una burla, un acto indignante que no debería quedar impune.
