Nuevo Magistrado… ¿o el Carga Maletas de Marina del Pilar Avila?

En Baja California ya no se distingue si las designaciones judiciales se ganan por mérito o por cercanía con el poder. El caso de Manuel Nahúm Rodríguez Chávez, ex-secretario particular de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, es un ejemplo que raya en el absurdo.

Con apenas un año de experiencia real como abogado – y con su cédula profesional expedida en 2019 – Nahúm busca convertirse en magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado. Sí, un joven cuya carrera profesional apenas empieza, pretende ser juez de jueces.

Lo grave no es solo la aspiración, sino que cuenta con el respaldo público de la propia mandataria. Marina del Pilar lo ha defendido en medios, exaltando sus cualidades académicas y su “vocación de servicio”. Pero las barras y colegios de abogados no lo ven igual: han presentado una impugnación por su falta de experiencia, y advierten que su candidatura incumple la ley.

Abuso de autoridad y corrupción en el nombramiento: abogados exigen respeto a la legalidad

En un nuevo capítulo de opacidad y favoritismo político, el proceso electoral de Rodríguez Chávez ha desatado indignación entre abogados y organizaciones civiles de Baja California. Diversos sectores denuncian un claro abuso de autoridad y abuso de confianza hacia la ciudadanía por parte de la Gobernadora y su esposo, Carlos Torres, quienes presuntamente están impulsando esta designación a pesar de que el candidato no cumple con los requisitos legales mínimos.

“La Gobernadora insiste en imponer a su ex-secretario particular como magistrado, aun cuando se trata de un capricho político sin sustento legal. Esto es una aberración jurídica y una falta de respeto al Poder Judicial”, expresó un representante de una barra de abogados del estado.

Esta situación ha sido calificada como un nuevo acto de corrupción institucionalizada, ya que pone en evidencia el uso del poder para beneficiar a personas cercanas, sin tomar en cuenta la legalidad ni la idoneidad para el cargo. Asimismo, algunos señalan que esta decisión podría sumar a los costos políticos que ya ha enfrentado la administración de Marina del Pilar, incluyendo el retiro de visa, investigaciones sobre propiedades en Estados Unidos y posibles conflictos de interés ligados a negocios familiares.

Frente a esta amenaza a la integridad del sistema judicial, asociaciones jurídicas han hecho un llamado urgente a impugnar formalmente esta candidatura y a defender el Estado de Derecho. Permitir el avance de esta imposición sería avalar el deterioro institucional y la corrupción en una de las instancias más sensibles del sistema de justicia.

La legalidad no puede estar sujeta a intereses personales o políticos. Es momento de alzar la voz y detener esta arbitrariedad.