Ciudad de México .- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) canceló oficialmente el nombramiento de Raúl Rocha Cantú como Cónsul Honorario de México en Guatemala, decisión avalada por Roberto Velasco, encargado del Despacho de la dependencia, en medio de un complejo entramado legal y penal que mantiene al empresario como prófugo de la justicia mexicana.
La medida se da mientras Rocha Cantú enfrenta una orden de aprehensión vigente por delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos, según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). El empresario, además copropietario de la organización Miss Universo, es señalado como presunto líder de una red criminal con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y la Unión Tepito, dentro de la causa penal 495/2025.
Aunque un juzgado federal en Nuevo León concedió una suspensión provisional que mantiene en análisis algunas actuaciones de la Fiscalía, la FGR confirmó que la orden de captura emitida el 15 de diciembre por un juez en Querétaro permanece activa, luego de que Rocha Cantú faltara a tres audiencias y proporcionara domicilios falsos a la autoridad judicial.
La controversia se intensificó tras la difusión de una imagen del empresario en el exclusivo Hotel Ritz de París, publicada por el periodista Sergio Sarmiento, lo que generó cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de localización y cooperación internacional, así como sobre la aparente libertad de movimientos del acusado mientras es buscado por autoridades mexicanas.
La propia FGR informó que Rocha Cantú, quien en el pasado fungió como testigo protegido, admitió haber invertido recursos en operaciones de “huachicol” a través de una red encabezada por Jacobo Reyes León, alias “El Yeicob”, actualmente detenido. Según su declaración, el combustible era almacenado en el predio conocido como “La Espuela”, en Querétaro, desde donde se distribuía de manera ilegal.
La cancelación del cargo consular, aunque simbólicamente relevante, reaviva el debate sobre la responsabilidad del Estado en la asignación de representaciones diplomáticas honorarias y sobre la brecha existente entre las decisiones administrativas y la ejecución efectiva de la justicia en casos de alto perfil.
