Tijuana .- La regidora Gina Arana, presidenta de la Comisión de Vialidad y Movilidad del Ayuntamiento de Tijuana, solicitó formalmente al alcalde y al titular de la Secretaría de Movilidad Urbana información clara y detallada ante la presunta instalación de parquímetros en calles aledañas a Palacio Municipal.
La petición surge tras múltiples quejas de empleados del propio Ayuntamiento y de ciudadanos, quienes detectaron la pinta de color verde en algunos cordones de banqueta, lo que ha sido interpretado como un paso previo a la colocación de parquímetros en la zona.
Arana señaló que, de confirmarse la medida, los trabajadores municipales enfrentarían un impacto económico considerable, al tener que pagar alrededor de 120 pesos diarios por estacionamiento durante una jornada laboral de ocho horas, lo que representaría un gasto mensual aproximado de 2 mil 400 pesos.
La edil subrayó que, hasta el momento, no existe información pública sobre fechas de inicio, puntos exactos de operación ni sobre la valoración de las consecuencias sociales y laborales que implicaría esta política. Además, cuestionó que la autoridad municipal no haya informado previamente ni a la ciudadanía ni a la comisión que encabeza.
Asimismo, recordó que ha solicitado de manera reiterada al Instituto Metropolitano de Planeación (IMPLAN) y a la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable (SEMOVIS) el “Análisis de Oferta y Demanda de Estacionamiento en la Zona Metropolitana de Tijuana”, documento que debió elaborarse antes de cualquier ampliación del sistema, conforme al acuerdo de Cabildo aprobado en 2018.
Arana también advirtió que, de acuerdo con el Manual de Implementación de Sistemas de Parquímetros para Ciudades Mexicanas, la instalación de estos esquemas debe ir precedida de mejoras sustantivas en transporte público, banquetas, alumbrado, infraestructura ciclista y condiciones de seguridad, aspectos que —dijo— siguen siendo deficitarios en la zona.
Finalmente, la regidora exhortó a la autoridad municipal a transparentar la información, abrir mesas de diálogo con las partes afectadas y explorar alternativas que mitiguen el impacto económico para trabajadores y ciudadanos, antes de avanzar en cualquier nueva implementación.
