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Un año después, el silencio en el CPC-SNA genera controversia

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Foto: Opinia

Por Redacción | Ciudad de México, 26 de enero de 2026.

Ha pasado casi un año desde que ciudadanos organizados presentaron una denuncia formal por presuntas faltas administrativas graves contra Vania Pérez Morales, entonces integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción y aspirante a presidir dicho órgano.
Hoy, en 2026, la denuncia sigue sin aclararse públicamente y el silencio pesa más que cualquier desmentido.

El expediente, presentado en febrero de 2025 ante el Órgano Interno de Control, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el propio Sistema Nacional Anticorrupción, documenta omisiones reiteradas en declaraciones patrimoniales, ocultamiento de cuentas bancarias, ingresos no reportados y una evolución patrimonial que no cuadra con lo oficialmente declarado.

La acusación central es demoledora: durante al menos cuatro años, Pérez Morales habría declarado no contar con cuentas bancarias, pese a recibir más de $4.7 millones de pesos en transferencias electrónicas por su función como integrante del CPC. Un contrasentido imposible de justificar bajo cualquier estándar mínimo de transparencia.

A ello se suma la omisión de ingresos provenientes de la UNAM y del Tecnológico de Monterrey, instituciones que, de acuerdo con recibos de nómina obtenidos vía solicitudes de transparencia, continuaron pagándole aun cuando ella declaró haber concluido dichas relaciones laborales. No se trata de errores menores, sino de falsedades reiteradas bajo protesta de decir verdad.

La denuncia también señala la no declaración de bienes muebles, la posesión de créditos bancarios de alto valor, incluyendo tarjetas con líneas de hasta medio millón de pesos, y una narrativa patrimonial que no resiste el más básico escrutinio financiero.

El contexto es clave: cuando se presentó la denuncia, Vania Pérez Morales buscaba convertirse en presidenta del Comité de Participación Ciudadana, el órgano que representa -al menos en el discurso- la conciencia ética del combate a la corrupción en México. Hoy, aunque la coyuntura política haya cambiado, las preguntas siguen intactas.

¿Por qué no se transparentó el resultado de la investigación?

¿Por qué no existe una explicación pública clara?

¿Por qué el Sistema Nacional Anticorrupción guarda silencio frente a una denuncia que golpea su credibilidad desde el núcleo?

En un país donde la corrupción se combate más con narrativa que con consecuencias, este caso se ha convertido en un símbolo incómodo: el anticorrupción también necesita rendir cuentas.

Porque cuando quienes vigilan la honestidad no aclaran su propio patrimonio, la lucha contra la corrupción deja de ser un ideal y se convierte en simulación.

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