Por Redacción | Tijuana, Baja California | 30 de enero de 2026.
La mañana de este viernes, un grupo de policías jubilados, elementos incapacitados y viudas de oficiales caídos se manifestó al exterior del Cuartel Morelos, en Tijuana, mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezaba su conferencia matutina en el lugar.
Los manifestantes señalaron que, tras años de servicio en las corporaciones de seguridad, enfrentan condiciones económicas y sociales precarias, por lo que demandaron mejoras salariales, pensiones dignas y jubilaciones justas, así como acceso efectivo a la seguridad social y servicios médicos especializados.
Manuel Castro, policía incapacitado, explicó que la movilización busca visibilizar la falta de garantías laborales tanto para los elementos activos como para quienes ya no pueden desempeñar funciones operativas. Consideró contradictorio que se impulsen campañas de reclutamiento policial cuando, dijo, no existen condiciones dignas para quienes ya forman parte de la corporación.
Castro relató que requiere una prótesis en la columna tras haber sido sometido a cuatro cirugías, sin embargo, señaló que el ISSSTECALI no cubre este tipo de procedimientos al limitarse a atención básica, mientras que el Ayuntamiento no asume el costo del tratamiento especializado.
Asimismo, denunció que el actual esquema de seguridad social impide asegurar a los padres de los policías, aun cuando dependan económicamente de ellos, y que los hijos pierden automáticamente la cobertura médica al cumplir 18 años, incluso si continúan estudiando.
El policía incapacitado agregó que recientemente se anunció un reajuste salarial, aunque aseguró que este beneficio no se reflejó de manera generalizada y que en la entidad existen alrededor de 370 policías en condición de incapacidad.
Por su parte, Rebeca Álvarez, viuda de un policía fallecido en cumplimiento de su deber en 2006, compartió que tras la muerte de su esposo quedó en el desamparo junto con sus dos hijos. Afirmó que no recibió el seguro de vida completo ni apoyos económicos, y que los servicios médicos municipales con los que contaba le fueron retirados durante la administración pasada.
Álvarez sostuvo que conoce al menos a 50 mujeres que enfrentan una situación similar, sin acceso a prestaciones ni respaldo institucional, pese a que sus parejas perdieron la vida en servicio.
