Por Redacción | Tijuana, Baja California, febrero de 2026.
Trabajadores de la educación en Tijuana se manifestaron este día en las instalaciones del Sistema Educativo de Zona Río, en respaldo a Jennifer Haydee Cervantes Aragón, administrativa que denunció presunto hostigamiento y acoso laboral tras un cambio de adscripción que considera injustificado.
Cervantes Aragón explicó que laboró durante siete años en la Supervisión Escolar 58 y que recientemente enfrentó una serie de situaciones que calificó como presunto hostigamiento por parte de la supervisora de la zona. Señaló que el 15 de diciembre de 2025 fue notificada mediante oficio de su cambio de adscripción al Sistema Educativo de Zona Río.
Detalló que el cambio se hizo efectivo el 2 de enero de este año y que, desde entonces, se ha presentado de manera puntual en su nuevo centro de trabajo. No obstante, sostuvo que la medida carece de sustento y solicitó ser reinstalada en su centro laboral original.
“No hay sustento o una justificación para poder hacerlo. No soy una persona irrespetuosa ni irresponsable con mi horario de trabajo ni con mis funciones”, expresó durante la manifestación.
La trabajadora señaló que el cambio de adscripción ha tenido un impacto directo en su vida personal y familiar, ya que reside en la zona de Santa Fe y debe realizar traslados más largos junto con sus hijos, lo que ha modificado su dinámica diaria.
Durante la protesta, destacó el respaldo recibido por parte de la base trabajadora del sector educativo, quienes realizaron un paro laboral de dos días en apoyo a su compañera.
“La base está apoyando. Son dos días de paro laboral. Vino el turno matutino y luego el turno vespertino para exigir que no se cometan injusticias por jerarquías o decisiones administrativas”, señaló.
Por su parte, Antonio Alvarado, directivo de la Supervisión Escolar 58, informó que acudirán a la Dirección de Administración y Personal en la ciudad de Mexicali, con el objetivo de exponer el caso y buscar una solución que permita resolver el conflicto laboral por la vía institucional.
El caso reaviva el debate sobre los mecanismos internos para atender denuncias de hostigamiento laboral dentro del sistema educativo y la necesidad de garantizar procesos transparentes y con enfoque de derechos laborales.
