Política
Líder ciudadano detrás de contratos de gobierno
Por Redacción | Tijuana, Baja California, 18 de febrero de 2026.
La línea que divide la representación ciudadana del negocio privado se volvió borrosa en Tijuana. El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana (CCSPT), Edgardo Flores Campbell, figura desde 2024 como accionista de Grupo Arza, empresa que en 2025 obtuvo contratos por alrededor de 172 millones de pesos con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) y dependencias del Gobierno del Estado.
Los documentos protocolizados ante el Registro Público de Comercio confirman su ingreso como socio con el 1 por ciento de participación. Un porcentaje menor en el papel, pero suficiente para colocar bajo la lupa la imparcialidad de quien encabeza un órgano ciudadano de consulta en materia de seguridad pública.
En abril de 2025, la Cespt adjudicó a Grupo Arza un contrato por 77 millones 634 mil 605 pesos para la vigilancia de 124 inmuebles con 236 elementos. Paralelamente, la empresa obtuvo otro contrato estatal por más de 94 millones de pesos para brindar seguridad privada a distintas dependencias durante el mismo año. El salto es significativo: en 2023, el servicio de vigilancia fue asignado a otras empresas por 61 millones de pesos. No hay registro de contratos previos para Grupo Arza antes de 2025.
El propio Flores Campbell sostiene que su participación es “minoritaria y consultiva”, que no intervino en gestiones ni recibe beneficios directos. Sin embargo, el conflicto de interés no se mide solo en porcentajes, sino en la percepción pública y en la ética de las posiciones que se ocupan. Presidir un comité ciudadano que opina sobre seguridad mientras se es socio —aunque sea al uno por ciento— de una empresa que vende servicios de vigilancia al gobierno, coloca una sombra difícil de disipar.
La controversia se amplifica con lo revelado por la dirección de la Cespt: en el expediente de la licitación presentada por Grupo Arza no aparece el nombre de Flores Campbell, pues el acta constitutiva entregada data de 2020. Las bases de licitación exigen documentación actualizada y modificaciones protocolizadas. El acta inscrita en 2024 sí incluye su nombre.
La pregunta es inevitable: ¿por qué no se presentó la versión más reciente? ¿Fue omisión, descuido o una falta a las reglas del procedimiento?
La directora de la Cespt confirmó que el contrato concluyó en diciembre de 2025, pero fue extendido hasta febrero de 2026 mientras se organiza una nueva licitación. Es decir, la empresa sigue operando en oficinas recaudatorias e instalaciones consideradas críticas.
El Comité Ciudadano de Seguridad Pública nació como un contrapeso social, un espacio para vigilar, cuestionar y exigir rendición de cuentas.
Hoy, su presidente enfrenta cuestionamientos que golpean la credibilidad de esa instancia. Porque cuando la vigilancia pública se mezcla con intereses privados, la confianza se convierte en la primera víctima.
La seguridad no solo se protege con guardias y contratos millonarios; también se defiende con transparencia y congruencia y en este caso, ambas están en entredicho.