Por Redacción | Tijuana, Baja California. 20 de febrero de 2026.
La reciente revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2024 dejó observaciones por más de 455 millones de pesos a seis ayuntamientos de Baja California. En contraste, el XXIV Ayuntamiento de Tijuana que encabezó Montserrat Caballero a Ramírez logró solventar las observaciones emitidas durante el proceso de auditoría.
Detrás de esa respuesta institucional estuvo la conducción técnica del entonces Oficial Mayor, Marcelo de Jesús Machain Servín, quien encabezó la integración documental, la revisión de expedientes administrativos y la atención puntual a cada requerimiento formulado por la autoridad fiscalizadora.
El informe federal detalla que en otros municipios se detectaron inconsistencias como adjudicaciones directas indebidas, contratos con empresas de reciente creación y falta de evidencia técnica en obras públicas. En ese contexto, la capacidad de respuesta del XXIV Ayuntamiento destacó al acreditar en tiempo y forma la correcta aplicación de los recursos observados.
La Oficialía Mayor, como área estratégica en el manejo administrativo y financiero, tuvo un papel central en la organización de la información y la solventación técnica de las seis observaciones notificadas inicialmente a Tijuana. El trabajo consistió no solo en responder, sino en demostrar documentalmente la legalidad y trazabilidad del gasto federalizado.
La revisión de la ASF no es un trámite menor: representa uno de los mecanismos más rigurosos de fiscalización en el país. Superarla sin montos pendientes coloca al XXIV Ayuntamiento en una posición distinta frente al panorama estatal.
Más allá del resultado, el proceso refleja la importancia de contar con equipos técnicos sólidos y capacidad administrativa para enfrentar revisiones federales de alta exigencia. En ese engranaje institucional, la actuación de Marcelo de Jesús Machain Servín fue determinante para que el Ayuntamiento respondiera con solvencia y orden.
La rendición de cuentas es hoy una exigencia ciudadana permanente. En ese escenario, el caso de Tijuana demuestra que la coordinación interna y la disciplina administrativa pueden traducirse en resultados concretos ante la fiscalización federal.