Por Redacción | Tijuana, Baja California. 5 de marzo de 2026.
Tres familias residentes de la calle Laredo, en la colonia Madero conocida como La Cacho, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) tras detectar daños estructurales en sus viviendas que atribuyen a la construcción de un edificio en un predio contiguo.
Una de las afectadas, Enriqueta Barragán Contreras, explicó que ha vivido en su domicilio durante cerca de 40 años y que las afectaciones comenzaron después de que iniciara la obra en el terreno vecino en 2024.
Según relató, durante 2025 comenzaron a aparecer grietas en paredes y pisos, losetas levantadas, puertas descuadradas y tuberías desprendidas que han provocado fugas de agua. También advirtió que una barda que divide su propiedad con el predio en construcción se encuentra en riesgo de colapso.
Barragán señaló que durante trabajos de anclaje en la obra su vivienda llegó a vibrar, situación que generó preocupación entre los residentes, quienes afirman no haber sido notificados previamente sobre las labores.
“Temo por la seguridad de mi familia, estamos con la incertidumbre todos los días porque no sabemos si se va a caer la barda o la casa”, expresó.
El abogado de las familias, Luis Jesús Romero Pérez, informó que ya se presentó documentación ante el Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes.
El litigante explicó que la constructora inició operaciones en 2023, pero fue en septiembre de 2025 cuando uno de los vecinos comenzó a percibir vibraciones en su vivienda, lo que provocó la ruptura de una tubería. Posteriormente detectaron que las perforaciones realizadas en la obra alcanzaban parte del subsuelo de sus propiedades.
Hasta el momento se tiene registro de tres familias afectadas; sin embargo, el abogado no descartó que pudieran surgir más casos, debido a que el condominio que se construye presuntamente ya fue comercializado.
De acuerdo con Romero Pérez, corresponde al Ayuntamiento revisar la legalidad de la obra. Añadió que un dictamen municipal habría señalado que la construcción no contaba con todos los permisos ni con los estudios necesarios para un proyecto de ese tipo.
Las denuncias presentadas incluyen presuntos delitos de despojo —por la instalación de anclajes en el subsuelo de las propiedades sin consentimiento— así como daños en propiedad ajena derivados de las afectaciones estructurales.
Las familias afectadas solicitaron la intervención de las autoridades para determinar responsabilidades y garantizar la seguridad de las viviendas en la zona.
