Por Redacción | Mexicali, Baja California, 25 de marzo de 2026.
El caso Next Energy sigue exhibiendo las grietas de uno de los proyectos más cuestionados del pasado sexenio en Baja California. Esta vez, el diputado Juan Manuel Molina García salió a fijar postura y a poner una línea de contención política: el Congreso, sostuvo, no puede cargar con una ejecución que, según su versión, fue alterada desde el Poder Ejecutivo.
La declaración no es menor. En medio del proceso penal que enfrenta el exgobernador Jaime “N”, Molina aseguró que el Legislativo únicamente dio luz verde a un esquema general para impulsar energías limpias, con la promesa de reducir costos del Acueducto Río Colorado-Tijuana y, eventualmente, convertir la infraestructura en patrimonio estatal. El problema, dijo, fue que en el camino el proyecto se desfiguró.
“El Congreso autorizó algo y ustedes hicieron otra cosa”, lanzó el legislador, en una frase que resume el fondo del pleito político y jurídico: una cosa fue el discurso de modernización energética y otra, muy distinta, la forma en que se operó el contrato.
Con ello, Molina intentó desmontar la narrativa que busca repartir culpas entre todos los poderes. Su argumento apunta a que las decisiones de fondo no pasaron por el pleno legislativo, sino por la maquinaria administrativa del Ejecutivo, donde —según expuso— se tomaron determinaciones delicadas que hoy pesan sobre el expediente.
Entre los puntos que señaló están la adjudicación directa del contrato, las cláusulas de pago, las garantías financieras comprometidas y la falta de permisos federales en materia de generación. Esos elementos, afirmó, no fueron responsabilidad del Congreso, sino de áreas como la Oficialía Mayor, la Secretaría General de Gobierno y la propia titularidad del Ejecutivo de aquel momento.
El posicionamiento también tiene lectura política. En momentos en que Jaime “N” insiste en denunciar una supuesta persecución impulsada desde la actual administración estatal, Molina buscó desmontar esa defensa y presentar el caso como una consecuencia jurídica, no como una vendetta entre grupos de poder.
Según el diputado, no actuar frente a posibles transgresiones legales sería, en todo caso, una decisión política. Por eso rechazó la versión de que el proceso contra el exmandatario sea una represalia orquestada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Aunque admitió no conocer a detalle la carpeta de investigación, sostuvo que los antecedentes del caso apuntan a una revisión de legalidad y no a una consigna personal.
Más allá del deslinde formal, el mensaje de Molina también revela otra realidad incómoda: cuando los proyectos públicos fracasan, cada actor corre a proteger su parcela de responsabilidad. El Congreso asegura que aprobó una idea; el Ejecutivo carga con la sombra de haberla convertido en un mecanismo opaco, financieramente riesgoso y ahora judicializado.
Así, Next Energy no solo persigue a quienes diseñaron y ejecutaron el modelo, sino que sigue exhibiendo cómo una promesa vendida como solución estratégica terminó convertida en símbolo de desaseo gubernamental. En Baja California, el costo político de ese episodio todavía no se termina de pagar.
