Por Redacción | Tijuana.
Habitantes del fraccionamiento Villa Floresta denunciaron afectaciones estructurales y un riesgo persistente en sus viviendas derivado de una obra inconclusa que, acusan, fue ejecutada sin garantizar medidas de seguridad, pese a reportes documentados ante Protección Civil desde 2023.
De acuerdo con testimonios vecinales, desde el inicio de los trabajos en el bulevar Las Fuentes se advirtió a las autoridades sobre el riesgo asociado al corte de tierra y al proceso de anclaje. No obstante, las advertencias no derivaron en acciones preventivas efectivas.
Actualmente, vecinos reportan daños visibles en viviendas colindantes, presuntamente relacionados con la intervención del terreno, mientras la obra permanece suspendida sin claridad sobre su estatus o responsables.
El proyecto, que contemplaba la construcción de apartamentos, fue interrumpido entre finales del año pasado y el inicio de 2026. Residentes señalaron que durante su ejecución hubo constante rotación de trabajadores y ausencia de comunicación formal con los afectados.
De acuerdo con los sellos de licencia en el sitio, la obra estaría a cargo de la empresa ARITOCHI Desarrollos Inmobiliarios. Sin embargo, vecinos aseguran desconocer quién responde actualmente por el proyecto.
Habitantes también señalaron que Protección Civil cuenta con evidencia previa del estado del terreno, incluyendo registros fotográficos y material captado con dron. Aun así, la falta de seguimiento institucional ha generado incertidumbre y desconfianza.
Rosa Aurora Martínez Herrera, residente con más de cuatro décadas en la zona, indicó que la obra inició en una administración anterior y ha sido objeto de múltiples reportes ante Control Urbano y la Secretaría de Desarrollo Urbano, logrando suspensiones temporales que posteriormente fueron ignoradas.
Añadió que recientemente se ha detectado un desplazamiento de la obra hacia la vía pública, lo que incrementa el riesgo para habitantes y transeúntes.
Ante la falta de respuesta directa, vecinos han recurrido incluso a reportes al 911 para solicitar la intervención de Protección Civil, buscando una evaluación integral de los daños.
Los residentes cuestionan la legalidad de los permisos y la falta de supervisión, señalando que el cambio constante de personal ha impedido identificar a responsables directos.
Finalmente, advirtieron que en la zona habitan principalmente personas adultas mayores, para quienes sus viviendas representan su único patrimonio, por lo que urgieron a las autoridades a intervenir antes de que el riesgo escale a una emergencia mayor.
