La disputa digital eclipsó la crisis

Por Redacción | Jueves 14 de mayo de 2026, Tijuana, Baja California.

La polémica alrededor de la Patrulla Espiritual, el caso de Karim o Karime y las posturas públicas emitidas en días recientes por actores políticos y sociales en Baja California continúa escalando. Sin embargo, más allá del debate inicial sobre rehabilitación, derechos humanos e identidad, la conversación comenzó a exhibir otro fenómeno cada vez más visible en la entidad: la polarización digital y mediática.

Luego de que la ex alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, emitiera un posicionamiento donde expresó preocupaciones relacionadas con el trato hacia personas pertenecientes a la comunidad LGBT+ y posibles implicaciones legales para centros de rehabilitación, las reacciones en redes sociales crecieron rápidamente.

Posteriormente, el diputado Jaime Cantón también fijó postura sobre la importancia de respetar los derechos y la identidad de personas trans dentro de cualquier proceso de rehabilitación, mientras que Jesús Osuna Torres, “El Chiquilín”, fundador de Clínica Jireh y figura visible de la Patrulla Espiritual, respondió defendiendo el trabajo que realizan diariamente en atención a personas con problemas de adicciones y situación de calle.

No obstante, conforme el tema avanzó en plataformas digitales, la discusión dejó de centrarse exclusivamente en la rehabilitación o los derechos humanos y comenzó a trasladarse hacia confrontaciones personales, disputas políticas y señalamientos entre comunicadores, páginas digitales y distintos actores públicos.

Uno de los casos visibles fue el del “pseudo-comunicador” de nombre Victor “N” (toda vez que pesa una denuncia penal en la FGE BC) quien maneja varias páginas como Directo y Claro BC, Fuerte y Claro BC y Tj Comunica entre otras páginas que “infla” con usuarios asiáticos y quien durante una transmisión en vivo cuestionó duramente a Montserrat Caballero, criticó su posicionamiento público y lanzó señalamientos relacionados con antiguas diferencias políticas y mediáticas. En el mismo espacio también mencionó páginas digitales y actores vinculados a la conversación pública alrededor del caso.

A la par, otras voces cercanas al análisis del tema comenzaron a plantear una lectura distinta: que más allá del señalamiento público, el caso también evidenció la falta de capacitación institucional y acompañamiento gubernamental en temas relacionados con atención a personas vulnerables, adicciones, identidad de género y protocolos especializados.

Dentro de esa visión, se reconoce que pudo existir un manejo incorrecto respecto al trato de identidad de género, aunque sin una intención deliberada de vulnerar derechos. Bajo ese argumento, el principal objetivo habría sido retirar a una persona de situación de calle y atender un problema severo de adicción, en un contexto donde quienes participan en labores de rescate aseguran no contar con formación especializada sobre protocolos de género o atención diferenciada.

“La intención no es cambiarle el género a nadie, sino retirarlo de la calle y atender un problema de adicción”, fue parte de la postura expresada desde sectores que conocen de cerca el funcionamiento de estos espacios de rehabilitación.

El tema también abrió cuestionamientos sobre el vacío institucional que existe alrededor de la atención a personas en situación de calle. Diversas voces consideran que agrupaciones civiles, colectivos y figuras ciudadanas han terminado realizando labores que originalmente corresponderían a estructuras gubernamentales en materia de salud mental, rehabilitación y asistencia social.

Especialistas en comunicación y análisis político consideran que este tipo de fenómenos reflejan cómo las redes sociales pueden transformar temas sensibles en escenarios de confrontación permanente, donde el algoritmo, la viralidad y las audiencias terminan desplazando el fondo de los problemas sociales.

La situación abrió además una conversación sobre el papel de medios, plataformas digitales y figuras públicas dentro de discusiones relacionadas con derechos humanos, adicciones y personas en situación vulnerable, especialmente cuando los debates escalan hacia ataques personales o polarización política.

Mientras tanto, organizaciones sociales, activistas y ciudadanos continúan observando con atención un caso que ya no sólo involucra a la Patrulla Espiritual o a determinados actores políticos, sino también la manera en que Baja California procesa públicamente sus conflictos sociales y mediáticos.

Porque en medio de las diferencias políticas, los posicionamientos ideológicos y las disputas digitales, distintas voces comienzan a coincidir en una preocupación común: evitar que las causas sociales terminen convertidas únicamente en guerras de narrativa y confrontación pública.

El reto de fondo, señalan distintos sectores, sigue siendo encontrar cómo construir diálogo, atención digna y soluciones reales para quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad, sin que el debate pierda humanidad en medio del ruido digital.