Por Redacción | Veracruz, 12 de junio de 2026.
La Fiscalía General de la República (FGR) asumió formalmente la investigación relacionada con la privación de la libertad de la periodista veracruzana Roxana Guzmán, ocurrida el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital.
La información fue confirmada este jueves por la fiscal general del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, quien informó que la carpeta de investigación ya fue remitida a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, con sede en la Ciudad de México.
De acuerdo con la funcionaria, la Fiscalía General del Estado recibió la notificación oficial de atracción el pasado 10 de junio, mientras que la entrega formal del expediente se concretó este 12 de junio.
La decisión implica que serán las autoridades federales quienes encabecen las diligencias, líneas de investigación y acciones correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos en agravio de la comunicadora.
Roxana Guzmán fue privada de la libertad el pasado 2 de junio en Nanchital, al sur de Veracruz, en un caso que generó preocupación entre organizaciones periodísticas y defensores de la libertad de expresión debido al contexto de riesgo que enfrentan comunicadores en diversas regiones del país.
La atracción del caso por parte de la FGR se realiza a través de la fiscalía especializada encargada de investigar delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación, instancia que tiene entre sus atribuciones atender asuntos donde pudiera existir una afectación al ejercicio periodístico o a la libertad de expresión.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre las líneas de investigación que serán desarrolladas por la dependencia federal ni sobre posibles avances relacionados con la localización de los responsables.
La fiscal estatal indicó que, a partir de este momento, la conducción del caso corresponderá a las autoridades federales, quienes determinarán las acciones subsecuentes dentro de la investigación.
El traslado del expediente ocurre en un contexto nacional donde distintos organismos han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para periodistas y garantizar investigaciones eficaces en casos de agresiones contra integrantes del gremio.
Mientras continúan las indagatorias, el caso permanece bajo seguimiento de autoridades federales, organismos de derechos humanos y sectores vinculados a la defensa de la libertad de prensa.
