Lima, Perú.- La reciente aprobación de un decreto supremo en Perú ha desatado una oleada de críticas y protestas por parte de la sociedad civil, quienes denuncian la decisión del gobierno de clasificar las identidades trans como condiciones de salud mental en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) del país.
El decreto, firmado por la presidenta Dina Boluarte y otros funcionarios del gobierno, ha generado una intensa controversia debido a su uso de clasificaciones obsoletas relacionadas con la identidad de género y la orientación sexual, que han sido reemplazadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Clasificación Internacional de Enfermedades más reciente.
De acuerdo con especialistas en derechos humanos el cambio normativo es profundamente regresivo y aumenta los prejuicios contra las personas LGBT en Perú, lo que podría exacerbar la violencia y la discriminación contra esta población. A pesar de las afirmaciones del Ministerio de Salud de que no considera a las identidades LGBT como “enfermedades”, el decreto sigue en vigor, lo que ha provocado fuertes reacciones por parte de organizaciones y activistas de derechos humanos peruanos.
Entre las preocupaciones expresadas se encuentra el temor de que la patologización oficial de las personas LGBT pueda socavar los esfuerzos por mejorar la protección de sus derechos. Actualmente, Perú carece de legislación que permita el matrimonio o uniones civiles entre personas del mismo sexo, así como de procedimientos para que las personas trans cambien sus documentos para reflejar su identidad de género. Además, no cuenta con leyes civiles que prohíban la discriminación contra las personas LGBT.
El decreto también ha generado inquietudes sobre la legitimación de las “prácticas de conversión” y el empeoramiento de los problemas de salud mental que enfrentan las comunidades LGBT en el país. Organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han instado a los gobiernos a reformar las clasificaciones médicas, ya que la patologización es una de las principales causas de violaciones de derechos humanos contra las personas LGBT.
Ante este panorama, organizaciones como la Humans Rights Watch hacen un llamado al gobierno peruano para que revoque el decreto y adopte la clasificación actualizada de enfermedades de la OMS con respecto a la orientación sexual y la identidad de género. Asimismo, se insta a que se consulte a las organizaciones LGBT del país sobre la mejor manera de garantizar el derecho a la salud física y mental de toda la población, a través de políticas públicas inclusivas y respetuosas de sus derechos.
