Ciudad de México.- El caso de corrupción relacionado con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se ha convertido en un escándalo significativo durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha calificado este incidente como el único acto de corrupción de su gobierno. Este organismo, creado en 2019 con el propósito de garantizar el abasto de alimentos básicos a las personas más vulnerables del país, ha sido investigado desde 2019 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revelando anomalías en la gestión de sus recursos y múltiples esquemas de desfalco.
Roberto Salcedo, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dio a conocer que la afectación patrimonial ascendió a 2 mil 700 millones de pesos, un 28 % del total de 9 mil 500 millones inicialmente observados por la ASF en los ejercicios fiscales de 2019 y 2020. De los 9 mil 500 millones, 4 mil 700 millones (50 % del total) han sido aclarados y recuperados, mientras que otros 2 mil 100 millones de pesos (22 %) permanecen bajo análisis. Si este último monto no se esclarece, se presentarán las denuncias correspondientes. Salcedo también anunció la recuperación de 955 millones de pesos invertidos ilícitamente en bonos bursátiles, como parte de las acciones correctivas.
Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, informó que se han presentado 156 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), que han resultado en 47 órdenes de aprehensión. De estos casos, 26 personas han sido vinculadas a proceso penal, incluyendo a nueve exservidores públicos y 17 particulares. Entre los involucrados se encuentran René Gavira Segrestre, exdirector de Administración y Finanzas, quien autorizó operaciones ilícitas con bonos bursátiles, y Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial, actualmente detenido en Argentina y en proceso de extradición.
Uno de los esquemas de corrupción más notables fue la colocación de bonos bursátiles por parte de Gavira, utilizando dinero público para generar ganancias personales mientras las pérdidas recaían en empresas paraestatales. Además, se detectó una nómina paralela de 400 personas que cobraban sin desempeñar funciones laborales, otro indicador del descontrol administrativo que caracterizó a Segalmex desde sus inicios.
El presidente López Obrador ha afirmado que, aunque este caso representa una mancha en su gobierno, se están tomando todas las medidas necesarias para castigar a los responsables y recuperar los fondos públicos. Sin embargo, algunos críticos señalan que figuras clave como Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex y cercano al presidente, no han sido investigadas, lo que ha generado suspicacias sobre el alcance real de las sanciones.
Las investigaciones continúan, y la administración de López Obrador ha prometido transparencia total en el caso.
