Ciudad de México.- La iniciativa de reforma constitucional que busca adscribir la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha generado un intenso debate en México, con implicaciones tanto legales como políticas. Esta reforma, impulsada por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, forma parte del denominado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha avanzado después de la aprobación de la reforma judicial.
El objetivo central de la reforma es modificar 12 artículos de la Constitución, incluidos los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129. La propuesta pretende que la GN, una fuerza de seguridad pública de carácter permanente, esté bajo el mando y control directo de la Sedena, consolidándola como una entidad militar con formación policial para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Esta iniciativa representa un cambio fundamental en la naturaleza de la Guardia Nacional, la cual originalmente se había concebido como una institución civil, bajo el control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la modificación del artículo 129 constitucional. Actualmente, este artículo establece que, en tiempos de paz, las autoridades militares no pueden ejercer funciones que no estén directamente relacionadas con la disciplina militar. La propuesta de reforma ampliaría las funciones de las Fuerzas Armadas, permitiendo que estas participen en asuntos civiles más allá de la seguridad pública. Esto abre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas asuman nuevas tareas, tales como labores de construcción, gestión de proyectos estratégicos, y control de otros ámbitos del gobierno civil, siempre que una ley secundaria así lo disponga.
Esta expansión del rol militar ha generado preocupación entre expertos y sectores de la oposición, quienes señalan que la militarización de funciones civiles podría debilitar las instituciones democráticas del país y erosionar los derechos humanos. Además, la reforma plantea que los miembros de la Guardia Nacional estarán sujetos al fuero militar, lo que representa un cambio significativo en la forma en que se les regula y supervisa. Se considera que, al depender directamente de la Sedena, los miembros de la GN tendrían los mismos derechos, prestaciones y seguridad social que los miembros de las Fuerzas Armadas.
El dictamen de la reforma también destaca que la intervención militar se justifica debido a la gravedad y complejidad del crimen organizado en México, un problema que ha impactado profundamente en la vida política, económica y social del país desde 2007. Los grupos criminales no solo participan en actividades como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, sino también en delitos como el robo de hidrocarburos, la trata de personas, el tráfico de flora y fauna, entre otros. Según el proyecto, la capacidad logística, económica y militar de estos grupos representa una amenaza latente para la seguridad pública y el Estado de derecho en diversas regiones del país.
Los impulsores de la reforma, como el senador Ignacio Mier, argumentan que la Guardia Nacional debe estar bajo el control militar para garantizar una mayor eficacia en la lucha contra el crimen organizado y asegurar la estabilidad interna del país. El senador subrayó que la aprobación de esta reforma es parte de una serie de medidas que el gobierno ha tomado para fortalecer la seguridad en el país, y que Morena y sus aliados cuentan con los votos necesarios para aprobarla en ambas cámaras del Congreso.
A pesar de las críticas, tanto del sector académico como de la oposición política, la reforma parece avanzar sin grandes obstáculos. El bloque oficialista confía en que, tras su análisis en las comisiones legislativas, la iniciativa será aprobada rápidamente, con el objetivo de consolidar a la Guardia Nacional como parte integral de las Fuerzas Armadas permanentes.
