Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha anunciado una serie de reformas clave al proceso electoral del Poder Judicial, destacando la elección de jueces, magistrados y ministros que se llevará a cabo en junio de 2025. Estas reformas, enviadas al Congreso el lunes 7 de octubre, buscan asegurar la transparencia, imparcialidad y objetividad en cada etapa del proceso electoral. La iniciativa incluye la modificación de dos leyes importantes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ambas con el objetivo de regular y definir el marco para la elección de estos representantes del Poder Judicial.
Sheinbaum explicó que el proceso de elección se llevará a cabo en dos etapas: una en 2025, donde se elegirán los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como jueces y magistrados, y otra en 2027. Para el caso de los ministros de la SCJN, la presidenta aclaró que se realizará una convocatoria para elegir a todos sus miembros en 2025, lo que marca un cambio significativo en la estructura del Poder Judicial. La elección se llevará a cabo mediante un comité conformado por representantes de la Presidencia, el Senado y la Suprema Corte, que seleccionarán a los nueve ministros necesarios. La iniciativa tiene como fin garantizar un proceso transparente en el cual se evaluarán los perfiles y méritos de los candidatos mediante entrevistas públicas y la colaboración con instituciones educativas, lo que asegura que los seleccionados cuenten con las cualidades necesarias para el cargo.
En cuanto a los jueces y magistrados, la presidenta también informó que el proceso será similar. La elección de estos cargos se dividirá en dos partes: primero, se seleccionarán a aquellos que aún no han sido nombrados, hasta cubrir la mitad del total de vacantes disponibles, y posteriormente, en 2027, se procederá con el resto de las posiciones. Esta medida permite un balance en la renovación del sistema judicial, evitando la acumulación de vacantes y garantizando la continuidad del trabajo en los tribunales.
Una de las preocupaciones principales expuestas por Sheinbaum es la falta de cooperación del Consejo de la Judicatura para enviar al Senado la lista de vacantes que deben ser cubiertas. Sin embargo, destacó que la ley otorga facultades al Senado para realizar el proceso, incluso sin la información proporcionada por el Consejo. En este sentido, el Senado tomará medidas para obtener los datos necesarios y emitir la convocatoria correspondiente, lo que asegura que el proceso no se detenga por la falta de información.
Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, presentó los detalles de estas reformas durante la conferencia de prensa matutina. Explicó que las leyes están diseñadas para garantizar los principios rectores de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia a lo largo de todo el proceso electoral. Además, mencionó que el Instituto Nacional Electoral (INE) jugará un papel crucial en la organización del proceso, desde la aprobación del modelo de boletas hasta la fiscalización de las campañas de los aspirantes, asegurando que se mantengan dentro de los límites de la ley.
La iniciativa también establece una serie de fechas clave para el desarrollo del proceso. Entre ellas, destaca que el 31 de enero de 2025 se llevarán a cabo las entrevistas públicas a los aspirantes, y el 12 de febrero se dará a conocer la lista final de candidatos seleccionados. Además, el INE será el encargado de administrar el tiempo en medios de comunicación para los candidatos, asegurando condiciones de equidad durante la campaña.
