México.- La diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, integrante de la bancada de Morena, presentó una iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución Política para establecer prisión preventiva oficiosa en casos de delitos relacionados con el mal manejo de los sistemas de ahorro para el retiro que afecten los fondos de los trabajadores.
La propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, busca endurecer las medidas legales contra quienes pongan en riesgo los recursos destinados al retiro, al considerar que estos delitos constituyen un grave atentado contra la seguridad económica de los trabajadores mexicanos.
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En su argumentación, Armendáriz Guerra destacó la magnitud de los recursos administrados por el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que actualmente maneja más de 6 billones de pesos, equivalentes al 24% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), este monto podría alcanzar los 9.2 billones de pesos para 2050, representando cerca del 47% del PIB.
La legisladora subrayó la necesidad de mayores controles y transparencia para garantizar que los ahorros acumulados por los trabajadores a lo largo de su vida laboral sean manejados de manera adecuada. “Robar a los trabajadores sus ahorros es uno de los delitos más aberrantes que pueden existir”, afirmó en el documento.
El artículo 19 de la Constitución actualmente contempla prisión preventiva oficiosa para delitos graves como feminicidio, secuestro, violación y delincuencia organizada, entre otros. La propuesta de reforma busca incluir en esta lista a los delitos cometidos por participantes en los sistemas de ahorro para el retiro que afecten los fondos de los trabajadores.
Según la diputada, el carácter estratégico del SAR para la economía nacional y su importancia como servicio de seguridad social justifican la inclusión de medidas más estrictas para su regulación y vigilancia. Además, consideró que esta modificación complementa otras iniciativas enfocadas en garantizar un retiro digno para los trabajadores mexicanos.
La propuesta refleja el interés del legislativo en proteger los recursos de los ciudadanos y fortalecer la confianza en los sistemas de seguridad social, en un contexto donde estos fondos adquieren cada vez mayor relevancia económica y social.
