El Congreso de Sinaloa acaba de lograr lo impensable: convertir la ignorancia jurídica en estrategia política, en un acto digno de tragicomedia institucional, decidió no acatar una orden judicial federal que le exige restituir a Gerardo Vargas como alcalde de Ahome, escudándose en tecnicismos mal entendidos, soberbia legislativa y una torpeza que raya en lo penal.
El argumento estrella de la diputada María Teresa Guerra Ochoa (y compañía) es casi enternecedor: “el juez no puede obligarnos porque no es el Congreso”. Así, sin rubor, como si el Poder Judicial fuera un buzón de sugerencias, ignoran (o fingen ignorar) que el juez no busca legislar, sino hacer cumplir una suspensión definitiva otorgada por amparo, que tiene fuerza legal inmediata y obliga a todas las autoridades a restituir el statu quo. No se trata de sustituir al Congreso, sino de impedir abusos, aunque vengan disfrazados de votación.
Pero el cinismo no para ahí, aducen que la resolución del Congreso sobre el desafuero es “inimpugnable”, citando una tesis aislada como si fuera dogma, una jugada tan desesperada como reveladora: saben que se están brincando la ley, pero confían en que el enredo legal los mantenga impunes. Mientras tanto, el juez ha dado 24 horas para explicar por qué diablos no han cumplido la orden. Spoiler: no hay excusa válida que los salve del ridículo y quizá del castigo.
Este espectáculo de ignorancia no es anecdótico, es estructural, el Congreso desconoce los fundamentos del juicio de amparo, minimiza el alcance de una suspensión definitiva y actúa como si la ley fuera optativa, en un Estado de derecho, eso tiene nombre: desacato y en teoría, consecuencias. Pero en la práctica mexicana, la impunidad suele estar blindada con curules.
Lo verdaderamente alarmante es que esta desobediencia no surge de un debate constitucional profundo, sino de una resistencia infantil a aceptar límites, se creen soberanos, pero solo son legisladores desinformados y peor aún: orgullosos de serlo.
Que caiga todo el peso de la ley sobre quienes desde el poder deciden ignorarla, porque cuando el Congreso desconoce el amparo, lo que pone en entredicho no es una sentencia, sino el propio pacto democrático y eso, en cualquier país serio, no se perdona.
