México .- En el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos aprobaron con 33 votos a favor el dictamen que modifica la reforma enviada por la Cámara de Diputados en materia de combate a la extorsión. La decisión eleva sustancialmente las sanciones, pasando de los seis a quince años planteados originalmente a un nuevo rango de quince a veinticinco años de prisión.
El cambio se concentra en el primer artículo del decreto de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Según los senadores, el ajuste responde a la preocupación de que las penas iniciales resultaran insuficientes e incluso favorecieran a personas ya sentenciadas por este delito.
Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, reconoció que la minuta de la Cámara de Diputados fue “excepcional”, pues atiende una conducta que, aunque delictiva en el proyecto, sigue siendo una práctica “deleznable” en el país. Sin embargo, insistió en la necesidad de reforzar el marco legal para evitar vacíos que limiten su aplicación.
Como parte de las modificaciones, las comisiones incluyeron la obligación de que las autoridades apliquen la ley con pleno respeto a los derechos humanos, elemento ausente en la versión previa. También se determinó que fiscalías federales y locales cuenten con unidades especializadas y personal certificado en materia de extorsión. Mientras estas áreas se crean, las unidades antisecuestro asumirán temporalmente las investigaciones.
El dictamen precisa incrementos adicionales a las penas. Los servidores públicos o autoridades penitenciarias que faciliten o permitan actos de extorsión enfrentarán la pena base de quince a veinticinco años, más tres a cinco años adicionales. En tanto, funcionarios con facultades de prevención, investigación o impartición de justicia que omitan denunciar casos serán sancionados con diez a veinte años de cárcel.
También se establecen penas de seis a doce años para quienes introduzcan dispositivos electrónicos en centros penitenciarios o de internamiento sin autorización, al permitir la transmisión de datos, voz o geolocalización. Finalmente, los recursos obtenidos por abandono, decomiso o extinción de dominio derivados de este delito deberán destinarse preferentemente a la restitución de derechos de las víctimas.
