Tijuana, Baja California .- El reciente homicidio del abogado Arturo Pérez en Tijuana volvió a encender las alertas sobre la eficacia de las estrategias de prevención del delito y la capacidad de reacción inmediata de las corporaciones de seguridad, en un contexto marcado por la persistencia de delitos de alto impacto y la falta de resultados visibles en detenciones.
En los últimos días, diversos hechos violentos han generado preocupación entre la ciudadanía, particularmente por la ausencia de información oficial sobre la captura de los presuntos responsables, lo que profundiza la percepción de impunidad.
Al respecto, Roberto Quijano, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, subrayó la necesidad de que la población tenga claridad sobre las responsabilidades de cada autoridad. Señaló que la vigilancia y prevención en las calles corresponde tanto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana.
Quijano enfatizó que la función de estas corporaciones es evitar que los delitos se consumen mediante acciones preventivas y disuasivas, y que, en caso de hechos de alto impacto, la ciudadanía espera una reacción inmediata que permita la detención de los responsables, apoyada en los sistemas de videovigilancia de la ciudad.
“Lo que la población espera es que no se cometan los delitos, que haya una detención inmediata a través de los diversos sistemas de cámaras de la ciudad”, expresó.
Explicó que, una vez cometido el delito, la responsabilidad recae en la Fiscalía General del Estado, encargada de integrar las carpetas de investigación, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
Si bien reconoció una disminución en algunos delitos patrimoniales, como robos a bancos y comercios, advirtió que estos avances resultan insuficientes si no se traducen en detenciones relevantes que debiliten estructuras criminales.
Quijano alertó que mientras no se logre la captura o sanción de líderes delictivos, la violencia continuará afectando la seguridad y la percepción ciudadana en la entidad.
El caso que detonó esta reflexión ocurrió el pasado lunes 29 de diciembre, cuando un ataque armado en Tijuana dejó como saldo una persona sin vida, identificada como el abogado Arturo Pérez. Tras el homicidio, integrantes del gremio jurídico exigieron el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia.
Hasta el momento, las autoridades de seguridad no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este crimen, lo que mantiene la presión social sobre las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública.
