Por Redacción | Tijuana, Baja California, 20 de febrero de 2026.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer los informes individuales de la Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado correspondientes a la Cuenta Pública 2024, en los que se advierte que seis de los siete ayuntamientos de Baja California deberán aclarar el destino de más de 455 millones de pesos.
Los reportes señalan que diversos gobiernos municipales no comprobaron, o lo hicieron de manera parcial, la correcta aplicación de recursos federales, lo que derivó en observaciones por montos significativos. Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran contratos de obra otorgados a empresas de reciente creación, adjudicaciones directas que debieron realizarse mediante licitación pública y falta de evidencia técnica que respalde la ejecución de trabajos.
En el desglose por municipio, Mexicali concentra el mayor monto observado, con 157.6 millones de pesos pendientes de aclaración, seguido por Ensenada con 120.2 millones.
También figuran San Felipe con más de 91.4 millones; Playas de Rosarito con 64.3 millones; Tecate con 13.7 millones y San Quintín con aproximadamente 7.5 millones de pesos por justificar.
En contraste, el XXIV Ayuntamiento de Tijuana recibió seis observaciones por parte de la ASF; sin embargo, estas fueron solventadas durante el propio proceso de revisión. Este dato no es menor en el contexto estatal: mientras otros municipios enfrentan procesos de aclaración y posibles responsabilidades administrativas, Tijuana logró responder en tiempo y forma a los requerimientos técnicos y documentales de la autoridad fiscalizadora.
La administración encabezada por Montserrat Caballero Ramírez se coloca así como el único gobierno municipal del estado que, conforme al informe federal, atendió y resolvió las observaciones sin que quedaran montos pendientes por justificar. En un entorno donde la transparencia y la correcta aplicación del gasto público son cada vez más exigidas por la ciudadanía, el resultado fortalece la narrativa de disciplina administrativa y seguimiento puntual a los recursos federales.
Más allá de los señalamientos en otros municipios, el informe de la ASF representa también una oportunidad para reforzar mecanismos de control interno y profesionalización en la gestión pública. La rendición de cuentas no solo es un requisito legal, sino una herramienta para consolidar confianza ciudadana.
En ese escenario, Tijuana envía un mensaje claro: la supervisión federal puede convertirse en una validación del trabajo institucional cuando existe capacidad de respuesta, orden administrativo y voluntad de transparencia.
