Por Redacción | California, Estados Unidos; 25 de junio de 2026.
Un juez federal de California determinó que el gobierno de Estados Unidos no podrá continuar realizando arrestos de migrantes dentro o en las inmediaciones de los tribunales de inmigración, al considerar que la práctica implementada durante la administración de Donald Trump carece de fundamentos administrativos suficientes y genera efectos disuasorios sobre quienes buscan regularizar su situación migratoria.
La resolución fue emitida por el juez de distrito P. Casey Pitts, quien concluyó que la política aplicada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) viola disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo al no ofrecer explicaciones razonadas que justifiquen su implementación.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, agentes de Seguridad Nacional habían adoptado la estrategia de esperar a los migrantes fuera de los tribunales para detenerlos al término de sus audiencias, incluyendo casos relacionados con solicitudes de asilo. La práctica fue ampliamente cuestionada por organizaciones civiles, que señalaron que colocaba a miles de personas ante una difícil decisión: acudir a la cita judicial y exponerse a una detención o ausentarse y enfrentar posibles consecuencias migratorias.
El juez Pitts destacó que la presencia de agentes migratorios en los tribunales generaba un efecto de intimidación que podría desalentar la asistencia a las audiencias, afectando el debido proceso de quienes enfrentan procedimientos migratorios en Estados Unidos.
La decisión también provocó reacciones inmediatas dentro del gobierno federal. James Percival, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, criticó públicamente el fallo y sostuvo que las personas con órdenes de deportación emitidas por jueces migratorios deben ser tratadas de manera similar a individuos condenados por delitos. A través de la red social X, calificó la resolución como un acto de “activismo judicial”.
El fallo representa un nuevo capítulo en las disputas legales que han acompañado las políticas migratorias impulsadas por Trump, cuya administración ha buscado ampliar las facultades del Poder Ejecutivo para endurecer las acciones contra migrantes en situación irregular, bajo el argumento de reforzar la seguridad fronteriza y combatir la delincuencia.
Especialistas consideran que la resolución podría tener implicaciones relevantes en futuros litigios relacionados con las facultades de las autoridades migratorias y el acceso de los solicitantes de asilo a procesos judiciales sin temor a ser detenidos al cumplir con sus obligaciones legales.
