La jugada legal de Gerardo Vargas Landeros se desplomó antes de comenzar. Intentó frenar el proceso en su contra con un amparo interpuesto en Zacatecas, lejos de Sinaloa, pero la maniobra terminó exhibiendo lo que ya muchos advertían: desesperación y falta de sustento jurídico.
El exalcalde de Ahome se convirtió en protagonista de un episodio que más parece una evasión que una estrategia. ¿Por qué buscar justicia fuera de su estado? La respuesta es obvia: el cálculo político pesó más que la certeza legal. El resultado fue un golpe en seco que lo deja mal parado, sin argumentos sólidos y con un desgaste evidente en su imagen pública.
Este intento fallido no solo refleja una táctica jurídica errática, sino la narrativa de un político que se aferra a recursos lejanos y ajenos, como si en Sinaloa no existieran tribunales capaces de resolver. La jugada en Zacatecas desnuda lo que algunos ya califican como una huida procesal: trasladar la batalla a otro terreno para ganar tiempo, aunque en el fondo se reconozca la debilidad del caso.
El fracaso exhibe también la fragilidad de su equipo legal y de la estructura que lo rodea. Vargas Landeros, en lugar de fortalecer su defensa dentro del marco local, prefirió apostar por un camino alterno que terminó cerrándose antes de ofrecerle resultados. La política, como la justicia, no perdona improvisaciones.
Hoy, lo que queda claro es que el intento de Vargas por detener el juicio en Sinaloa terminó siendo un boomerang: no solo no logró su propósito, sino que se proyecta como un político en caída, atrapado en sus propias contradicciones legales.