Internacional.- El Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó por unanimidad durante una sesión especial el martes 19 de marzo una nueva ley de seguridad nacional, que entrará en vigor el próximo sábado. Esta legislación, conocida como Artículo 23, amplía los poderes del gobierno chino para combatir movimientos disidentes y delitos que van desde la traición hasta la sedición.
La rápida aprobación de la ley, apenas once días después de su presentación, refleja el control nacional como una prioridad. Según Lee, esta medida es crucial para acabar con los disturbios y contrarrestar lo que él describe como “espionaje occidental”.
El presidente del Consejo Legislativo, Andrew Leung, destacó la importancia histórica de esta legislación y subrayó la satisfacción de todos los legisladores por participar en esta “misión”. Las penas por delitos considerados una amenaza para la seguridad nacional van desde la cadena perpetua hasta varios años de cárcel, incluso por acciones cometidas en el extranjero.
El texto incluye cadena perpetua como máximo castigo contemplado para: la traición, la insurrección, el sabotaje o la incitación al motín de las fuerzas armadas de China. Además, la nueva ley permitiría a las autoridades detener sin cargos a una persona hasta 16 días y prohibirle contactar con abogados durante ese periodo.
Tanto las autoridades de China como de Hong Kong argumentan que estas nuevas leyes son necesarias para cerrar lagunas legales y restaurar la estabilidad en la ciudad. Sin embargo, la rápida aprobación y el alcance de la ley han generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han condenado la legislación como “draconiana” y han advertido sobre su impacto en los derechos y libertades en Hong Kong. Sarah Brooks, directora de Amnistía Internacional para China, expresó su preocupación por el efecto devastador que tendrá en el pueblo de Hong Kong, especialmente en el ejercicio de su derecho a la protesta pacífica.
La aprobación de la ley ha llevado a la Unión Europea, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países a expresar su preocupación y a pedir a los legisladores de Hong Kong que consideren el impacto de esta legislación en los derechos humanos. Se teme que esta ley pueda suprimir aún más las libertades en Hong Kong, especialmente después de la controvertida Ley de Seguridad Nacional impuesta por China en 2020.
La rapidez con la que se ha aprobado esta ley y la falta de consulta pública han generado críticas sobre su legitimidad y transparencia. A medida que Hong Kong se prepara para la entrada en vigor de esta nueva legislación, la comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos seguirán de cerca su implementación y sus posibles repercusiones en la ciudad y en la región en su conjunto.
