México.- La diputada Kenia del Refugio Hernández Guerrero, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó el pasado 29 de marzo una iniciativa que busca establecer penas más severas para las personas que porten, fabriquen, importen, vendan o almacenen réplicas de armas de fuego o explosivos con intención ilícita en México.
La propuesta, actualmente en análisis por la Comisión de Justicia, pretende reformar el artículo 160 del Código Penal Federal. El objetivo principal es combatir el uso de armas réplica en la comisión de delitos en el país, buscando proteger a la ciudadanía de la creciente inseguridad y violencia.
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La legisladora señala que este delito, a menudo subestimado, es peligroso y contribuye a la proliferación de la delincuencia, especialmente entre los jóvenes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el año 2020, aproximadamente tres de cada cuatro robos en México involucraron el uso de armas de fuego, mientras que en la Ciudad de México, cerca del 50% de los robos se perpetraron con réplicas de armas.
Hernández Guerrero enfatiza que la falta de una pena claramente establecida para este tipo de delito ha hecho que los menores de edad sean reclutados o coaccionados para participar en actividades delictivas con armas réplica. Además, señala que alrededor de 30 mil niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por grupos del crimen organizado, iniciando su participación con el acceso a réplicas de armas.
La diputada destaca la necesidad de reformar el marco legal para sancionar de manera efectiva a quienes utilicen o comercialicen réplicas de armas con fines delictivos. Además, resalta la falta de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM) en esta materia, lo que permite que quienes están involucrados en la fabricación, importación, venta o almacenamiento de réplicas de armas operen con impunidad.
La iniciativa de Hernández Guerrero busca prevenir, erradicar y sancionar con todo el peso de la ley el uso indebido de réplicas de armas en México, reconociendo su impacto negativo en la seguridad pública y en la integración de los jóvenes en actividades delictivas.
