Ciudad de México.- El pasado jueves 19 de septiembre, la Cámara de Diputados de México aprobó con una amplia mayoría de 362 votos a favor, 133 en contra y cero abstenciones, una reforma constitucional que otorga nuevas facultades a la Guardia Nacional, permitiendo su total adscripción al Ejército y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este cambio, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca establecer un control militar sobre esta corporación creada en 2019 bajo el principio de ser una fuerza de seguridad civil.
El debate en el pleno se desarrolló en medio de tensiones, con los legisladores de la oposición expresando su preocupación por lo que consideran una “militarización” del país. A pesar de las 433 reservas presentadas por diferentes grupos parlamentarios, la mayoría de Morena, PT y PVEM decidió avanzar con la propuesta sin modificaciones significativas. El dictamen modifica 12 artículos de la Constitución, incluidos el artículo 21, que establece la responsabilidad de investigar delitos tanto para el Ministerio Público como para la Guardia Nacional, y el artículo 129, que hasta ahora limitaba las funciones militares en tiempos de paz.
El presidente López Obrador celebró la aprobación, afirmando que esta medida asegura que el esfuerzo por construir una institución sólida en la Guardia Nacional no se pierda, recordando la descomposición de la extinta Policía Federal. Resaltó que más del 80% de los efectivos de la Guardia Nacional provienen de las Fuerzas Armadas y que esta nueva estructura permitirá una respuesta más eficaz a los problemas de seguridad pública que enfrenta el país.
Sin embargo, la oposición no tardó en manifestar su descontento. El coordinador del PRI, Rubén Moreira, cuestionó la transformación de la Guardia Nacional en un cuerpo militar, mientras que diputados del PAN, como Germán Martínez, argumentaron que el gobierno ha fracasado en su estrategia de seguridad, lo que ha llevado a un aumento en los niveles de violencia. Este contexto de inseguridad se traduce en un clima de desconfianza hacia la militarización, donde la oposición sostiene que se están echando por la borda los principios de un mando civil en las fuerzas de seguridad.
Entre los aspectos más controversiales de la reforma se incluye la modificación del artículo 21, que establece que la Guardia Nacional podrá participar en la investigación de delitos, una tarea que tradicionalmente ha sido exclusiva del Ministerio Público. Esto genera dudas sobre la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos, dado que los tribunales militares tendrán la potestad de investigar a sus propios efectivos en casos de presuntas violaciones.
El proyecto de reforma ahora se dirige al Senado, donde se espera un análisis en comisiones y posterior discusión en el pleno a partir del 24 de septiembre. Si se aprueba allí, se enviará a los congresos locales para su ratificación, donde necesitará el apoyo de al menos dos tercios de los votos.
La preocupación por una creciente militarización continúa resonando en diversos sectores de la sociedad, que observan un intenso debate sobre el futuro del estado de derecho en México y la relación entre las instituciones civiles y militares.
La aprobación de la reforma a la Guardia Nacional ha desatado una profunda controversia en el ámbito político y social de México, evidenciando una clara división entre el gobierno y la oposición. Críticos de la medida argumentan que la transformación de la Guardia en un cuerpo militarizado socava la esencia de una fuerza de seguridad civil, esencial para proteger los derechos humanos y garantizar el estado de derecho. La oposición, incluyendo partidos como el PAN y el PRI, ha señalado que este cambio podría conducir a un aumento de la violencia y la impunidad, al permitir que los tribunales militares juzguen a sus propios miembros en casos de abusos, lo que genera preocupaciones sobre la falta de supervisión y rendición de cuentas. Este clima de desconfianza se ve agravado por un contexto de creciente violencia en el país, lo que lleva a muchos a cuestionar si la militarización realmente ofrecerá una solución efectiva a los problemas de seguridad pública, o si, por el contrario, profundizará la crisis que ya enfrentan las instituciones civiles.
