Un juez federal en Boston bloqueó este jueves una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que intentaba eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de padres que se encuentren en Estados Unidos de manera ilegal, convirtiéndose en el cuarto juez en tomar esta decisión.
El juez de distrito Leo Sorokin emitió su fallo tres días después de que el juez Joseph Laplante, también federal de distrito en Nueva Hampshire, hiciera lo mismo. Este fallo se suma a decisiones previas en Seattle y Maryland.
En su resolución de 31 páginas, Sorokin afirmó que la Constitución garantiza el derecho a la ciudadanía por nacimiento de manera amplia, incluyendo a las personas que se encuentran dentro de las categorías mencionadas en la orden ejecutiva.
El caso en Boston fue presentado por fiscales generales demócratas de 18 estados, siendo parte de al menos nueve demandas que impugnan esta orden. Los fiscales generales estatales comentaron en un comunicado que la decisión judicial enviaba un claro mensaje: “Trump no es un rey y no puede reescribir la Constitución con la firma de un bolígrafo”.
En Seattle, un juez había señalado que la administración de Trump intentaba ignorar la Constitución mediante una orden ejecutiva. Asimismo, en Maryland, se emitió una pausa a nivel nacional respecto a esta orden, con la intención de proteger los derechos de los inmigrantes y mujeres embarazadas. Trump anunció su intención de apelar esta decisión ante la Corte de Apelaciones del 4to Circuito.
Los fiscales generales de los 18 estados, junto con las ciudades de San Francisco y Washington, D.C., pidieron que el juez Sorokin emitiera una orden judicial preliminar para bloquear la política. Argumentan que el derecho a la ciudadanía por nacimiento está “consagrado en la Constitución” y que Trump no tiene la autoridad para anularlo, ya que esta acción afecta a cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos. Además, sostienen que la orden de Trump podría generar pérdidas significativas en los fondos estatales destinados a servicios esenciales como atención médica y hogares sustitutos.
El caso se centra en la 14ta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, la cual establece el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Los abogados de los estados argumentan que este principio ha sido reconocido por la Corte Suprema, especialmente en la histórica decisión de 1898 en el caso Estados Unidos vs. Wong Kim Ark.
El gobierno de Trump sostiene que los hijos de personas no ciudadanas no deberían recibir automáticamente la ciudadanía, argumentando que no están “sujetos a la jurisdicción” de EE. UU. Sin embargo, los abogados refutan esta posición, subrayando que la enmienda y fallos previos de la Corte Suprema garantizan la ciudadanía a todos los nacidos en territorio estadounidense, con excepciones limitadas.
EE. UU. es uno de los aproximadamente 30 países que aplica el principio de jus soli, o derecho del suelo, para conceder la ciudadanía por nacimiento, un sistema que también aplican naciones como Canadá y México.
La orden de Sorokin también se aplica a otro caso similar presentado en Boston por el grupo activista Lawyers for Civil Rights, que representa a madres embarazadas cuyos hijos podrían verse afectados por la orden de Trump.
