Censura, soberanía y libertad digital: México y EE.UU. cruzan discursos en la era de las plataformas

Mientras en México se apagan las alarmas de una posible legislación que permitiría al Gobierno bloquear plataformas digitales, en Estados Unidos se encienden nuevas alertas sobre la injerencia extranjera en su soberanía digital. El debate sobre la libertad de expresión ha vuelto a colocar en tensión a dos países clave del continente, justo en la antesala de transformaciones legislativas que buscan redefinir el papel de los gobiernos en la era digital.

Este miércoles, el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció una nueva política de restricción de visados contra ciudadanos extranjeros que censuren expresiones protegidas dentro del territorio estadounidense. La medida, según el funcionario, responde a “casos preocupantes” de gobiernos y funcionarios extranjeros que han intentado influir en empresas tecnológicas estadounidenses o sancionar a ciudadanos por publicaciones hechas desde EE.UU. “No toleraremos injerencias en nuestra soberanía, especialmente si se socava nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión”, sentenció Rubio en una declaración oficial.

La política, que apunta a defender a usuarios y plataformas dentro de territorio estadounidense, surge en un contexto internacional donde los Estados buscan mayor control sobre el ciberespacio. Y es aquí donde la narrativa estadounidense se entrelaza con la mexicana.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado detener la aprobación inmediata de la nueva Ley de Telecomunicaciones, cuyo artículo más polémico abría la puerta al bloqueo de plataformas digitales por parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Aunque el Gobierno federal ha reiterado que “no busca censurar”, el texto legal, ambiguo y sin delimitaciones claras, provocó rechazo en medios, empresarios, sectores opositores y usuarios de redes.

La mandataria reaccionó con rapidez. En su conferencia matutina dejó claro que ese artículo “tiene que modificarse o eliminarse”, y llamó al Senado a abrir un proceso de análisis más profundo. “Siempre hemos estado en contra de la censura”, dijo Sheinbaum, marcando distancia de cualquier interpretación autoritaria de su gobierno.

A diferencia de la postura estadounidense —más punitiva y dirigida a frenar acciones externas—, la posición del Gobierno mexicano busca contener una crisis interna. No obstante, ambos escenarios reflejan el mismo dilema de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en la regulación del ecosistema digital sin transgredir la libertad de expresión?

En el centro del debate están las grandes plataformas como Facebook, YouTube, Netflix y servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram. También están los medios tradicionales, luego de que el proyecto de ley en México incluyera sanciones para quienes transmitan “propaganda de gobiernos extranjeros”, una cláusula que, según opositores, responde al caso específico de Televisa y los polémicos spots antiinmigrantes de Donald Trump que se difundieron en sus pantallas.

Sheinbaum ha optado por el camino del consenso: “Que vayan los expertos al Senado, que se abra la discusión. No se trata de imponer nada”. Una postura que intenta ser contrapeso ante las acusaciones de censura, pero que también refleja la tensión que existe incluso al interior del propio Gobierno sobre el rol que debe asumir la Agencia Digital, una instancia con crecientes atribuciones.

Mientras tanto, del otro lado del Río Bravo, EE.UU. lanza advertencias diplomáticas. Aunque el nuevo anuncio de Marco Rubio no menciona países ni funcionarios en específico, el mensaje es claro: Washington protegerá su libertad de expresión como una frontera más, incluso si eso implica vetar a actores extranjeros.

La pregunta que queda en el aire es: ¿pueden los Estados proteger sus valores sin violentar los derechos? En un mundo donde la tecnología se mueve más rápido que las leyes, la línea entre regulación y censura es cada vez más delgada.