La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este 5 de junio un intento del gobierno mexicano de responsabilizar legalmente a los fabricantes de armas estadounidenses por la violencia generada por los cárteles de la droga con armas adquiridas en Estados Unidos y traficadas ilegalmente a México.
De acuerdo con medios como NBC News y USA Today, el fallo fue unánime. La jueza Elena Kagan escribió que “no se puede iniciar una acción contra un fabricante si, como en el caso de México, se basa en el uso delictivo del producto de la empresa por parte de un tercero”, refiriéndose a los grupos delictivos que operan en territorio mexicano.
La demanda fue presentada por el gobierno de México en 2021 contra empresas como Smith & Wesson, Colt, Glock, Beretta y otras, alegando que estas compañías no sólo eran conscientes del tráfico de sus armas hacia México, sino que también se beneficiaban económicamente de ese mercado ilícito. Las autoridades mexicanas estimaban daños por aproximadamente 10 mil millones de dólares y exigían, además, que las prácticas de comercialización fueran modificadas.
Aunque la demanda fue inicialmente desechada con base en la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) de 2005 —que impide la mayoría de las demandas civiles contra fabricantes de armas—, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston revivió el caso en 2023, argumentando que se podría aplicar una excepción.
Esta excepción ha sido usada antes, como en el caso del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en 2012, donde las familias lograron un acuerdo por 73 millones de dólares con el fabricante Remington, al alegar que violaron la ley estatal en su publicidad del rifle AR-15.
Sin embargo, en este caso, la Corte Suprema determinó que la protección legal para los fabricantes seguía vigente, aun tratándose de un gobierno extranjero como el de México. Con esta decisión, se pone fin a una demanda sin precedentes que buscaba establecer responsabilidad legal más allá de las fronteras estadounidenses.
Se calcula que entre 200,000 y 500,000 armas cruzan ilegalmente cada año de Estados Unidos a México. El gobierno mexicano sostiene que al menos el 70% de las armas recuperadas en escenas del crimen provienen de su vecino del norte.
