Monserrat Caballero aterrizó en la Sindicatura Municipal como quien va a un control de tránsito: con papeles en la mano, abogado al costado y la convicción de que todo es un “trámite administrativo”. El pecado, fue omitir al consorte y su sustento económico en la declaración patrimonial. Nada grave, asegura, salvo la mancha incómoda de una casa cuyo precio, jura, no llegó a los 13 millones que sus inquisidores vocearon, sino a unos 7 millones de pesos, mismos que provienen de su pareja y están declarados.
Mientras el reflector se regodea en cada centímetro cuadrado del patrimonio de Caballero, la Sindicatura exhibe una ceguera ¿voluntaria? respecto a Miguel Ángel Bujanda, ex secretario general del XXIV Ayuntamiento. Allá por enero de 2024, el Lic. Mungaray declaró ante Fiscalía que Bujanda habría desviado 42 millones de los algo pomposamente llamados “Fondos Tijuana”, ¿Resultado? Grillos y viento. Pero la hemeroteca no perdona: en diciembre de 2024, el semanario Zeta detalló 70 querellas por irregularidades detectadas por la propia Sindicatura y la Auditoría; 22 cargaban el sello de Bujanda durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental. Siete meses después, ¿citatorio? Ni el primer timbre.
La aritmética del doble rasero es fascinante, por un lado, una alcaldesa es sometida al paredón mediático por un formulario incompleto y una hipoteca de lujo rebajada; por el otro, un ex funcionario con montos que multiplican por seis la polémica casita navega con la misma discreción de un submarino nuclear. ¿Será que la Sindicatura está ahorrando papel? ¿O acaso al ex secretario lo bautizaron con tinta invisible en el registro de sospechosos?
No se trata de exculpar a Caballero, dicho sea, debería haber aprendido que las omisiones patrimoniales le quitan brillo a cualquier discurso de transparencia que la cal de la rumorología. Se trata, más bien, de preguntar por qué la vigilancia pública cambia de lentes según la cara que observa. Si la ley es la misma, el aparato de control debería funcionar con la misma intensidad frente a siete millones o 42 millones… o es que la balanza de la justicia municipal viene con sensor facial.
Tal vez mañana la Sindicatura despierte y envíe al fin ese citatorio pendiente, tal vez. Pero mientras el expediente Bujanda duerme la siesta se abanica con todas sus escrituras (son muchas), queda claro que en Tijuana la igualdad ante la ley es una figura retórica: depende de qué tan cómoda resulte la silla del investigado.
