En un universo perfecto, los condominios frente al mar deberían ser refugio de paz, no trincheras de guerra civil digital, pero aquí estamos: Rosarito Beach Hotel Condo, 270 propietarios y dos inquilinos del caos que decidieron que su verdadero patrimonio no es la propiedad… sino el resentimiento.
Estos dos personajes (cuya identidad es más conocida que el atún enlatado en Baja) han optado por emprender una cruzada en redes sociales bajo el noble estandarte de “la verdad”, aunque lo único que propagan son acusaciones sin prueba, dramatismo de telenovela y un desprecio olímpico por los hechos. No pagan sus cuotas, publican “denuncias” anónimas y acusan a diestra y siniestra sin más evidencia que su ego herido.
El problema no es que se quejen (eso es legal y hasta saludable), sino que lo hacen con una mezcla tóxica de anonimato y desinformación, causando afectaciones reales a quienes sí cumplen, sí invierten y sí intentan rentar, comprar o vender sin tener que aclarar constantemente las versiones distorsionadas que circulan en redes sobre supuestas irregularidades.
Lo insólito es que varios propietarios ya están hartos y han tenido que salir a defenderse públicamente de los disparates, ahora, como era de esperarse, ya se organizaron para demandar ¿La base? daño moral y perjuicio económico: caída en rentas, cancelaciones y desprestigio provocado por los berrinches virtuales de estos dos aspirantes a whistleblowers sin causa.
Tienen con qué: el Código Civil de Baja California (art. 1794 y 1794 BIS) protege la reputación de las personas ante imputaciones falsas hechas ante terceros. Si, además, se demuestra que esos ataques causaron una pérdida económica (como es el caso y fácilmente comprobable), el terreno legal para reclamar indemnización es sólido. En otras palabras: ya no es cuestión de que “no me gusta lo que dicen”, sino de que lo que dicen cuesta dinero y sale caro.
Esto no es censura: es pedir cuentas a quienes, desde la comodidad del anonimato, destruyen la convivencia y el valor patrimonial con calumnias disfrazadas de “preocupación comunitaria”.
Moraleja: si vas a jugar al justiciero digital, asegúrate de tener pruebas… y presupuesto para abogados.
