En Ensenada los fantasmas no aparecen en las noches de niebla, sino en los recibos de nómina, policías activos y retirados marchan por la avenida Reforma, no para combatir el crimen, sino para exigir que alguien explique qué diablos significa el rubro de “otros descuentos” que succiona su salario con la elegancia de un vampiro fiscal. No es ISR, no es IMSS, no es Infonavit: es el agujero negro perfecto.
La historia viene de lejos, Armando Ayala, exalcalde, ya había dejado claro que las finanzas municipales son una piñata personal: retenía cuotas sindicales que jamás entregó al ISSSTECALI y para colmo, se “olvidó” de pagar el ISR. Resultado: el SAT ahora le está fincando créditos fiscales al Ayuntamiento por los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Traducido: la ciudad arrastra deudas multimillonarias porque durante años el gobierno local se creyó más hábil que Hacienda.
La herencia maldita llegó a manos de Claudia Agatón, actual alcaldesa, quien ha tenido que enfrentar el desorden financiero heredado de administraciones anteriores. Su gobierno se encuentra en la compleja tarea de regularizar los pagos y dar certidumbre a los trabajadores, aun cuando la presión de créditos fiscales y adeudos acumulados representa un reto monumental. El compromiso de su administración es claro: poner fin a las prácticas opacas que marcaron el pasado y dar certeza tanto al SAT como a la base trabajadora.
En este mismo sentido, el Oficial Mayor, Eleazar López Quihuis, ha defendido con firmeza la transparencia en el manejo de la nómina, subrayando que todos los movimientos están timbrados y registrados conforme a los lineamientos fiscales. Su postura refleja el esfuerzo por aclarar dudas y evitar especulaciones, insistiendo en que los recursos no se desvían y que el objetivo es garantizar que cada peso tenga un destino claro y legal. En medio de la tormenta, su papel ha sido sostener la línea de la legalidad y mantener abiertos los canales de diálogo con los inconformes.
Mientras tanto, los policías (esos que deberían estar cuidando las calles) ahora tienen que marchar para defender lo poco que queda de su quincena. El problema es estructural: un municipio que no pagaba impuestos y que ahora corre el riesgo de acumular créditos fiscales como si fueran estampitas del Mundial.
La consigna de los trabajadores es clara: saber a dónde se va ese dinero y esa es precisamente la tarea pendiente que los gobiernos anteriores jamás quisieron asumir, prefiriendo convertir la nómina en un cajero automático a su conveniencia. El cochinero financiero heredado por Armando Ayala (hoy aforado) dejó al Ayuntamiento hundido en deudas y sospechas. Frente a ese panorama, la administración de Claudia Agatón ha optado por una ruta distinta: abrir el diálogo con el personal afectado y emprender una limpieza profunda que ponga fin a las prácticas oscuras del pasado y sacar a flote al municipio.