MEXICALI.- El Congreso de Baja California aprobó una reforma al Código Penal del Estado para sancionar con hasta ocho años de prisión, multas y reparación del daño a quienes realicen labores de “halconeo”, es decir, vigilancia o recopilación de información sobre corporaciones de seguridad con fines delictivos.
La reforma al artículo 317 TER fue presentada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda e integrada con la propuesta del diputado Jorge Ramos Hernández, dictaminadas favorablemente por la Comisión de Justicia mediante el Dictamen No. 10.
La nueva legislación contempla castigos de tres a ocho años de cárcel para quienes instalen o interfieran sistemas de videovigilancia en la vía pública o en inmuebles destinados a servicios públicos sin autorización legal, con el objetivo de facilitar delitos o entorpecer funciones institucionales. Las sanciones podrán aumentar hasta en una mitad si se emplean menores de edad, participan servidores públicos o se utilizan vehículos que aparenten ser oficiales.
También se castigará la posesión de equipos para interferir comunicaciones oficiales. La reforma aclara que no será delito instalar cámaras en domicilios, negocios o industrias siempre que estén dentro de la propiedad privada y no interfieran con sistemas públicos, garantizando el respeto a la privacidad y derechos humanos.
Una vez publicada en el Periódico Oficial del Estado, la reforma entrará en vigor como parte de las acciones para reforzar el marco legal en materia de seguridad en Baja California.
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