Por Redacción | Mexicali, Baja California, 24 de marzo de 2026.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, rechazó que el proceso penal contra el exgobernador Jaime Bonilla tenga motivaciones políticas, al sostener que se trata de un caso relacionado con la protección de recursos públicos.
Durante su conferencia, la mandataria señaló que el contrato con la empresa Next Energy comprometía las finanzas del estado a largo plazo, al establecer pagos por hasta 37 mil millones de pesos en un periodo de 30 años.
En ese contexto, indicó que actualmente existen al menos 10 personas vinculadas a proceso por este caso, incluido el exmandatario, quien enfrenta la investigación tras haber concluido su fuero constitucional.
Ávila Olmeda subrayó que el proceso judicial permite a los involucrados presentar sus pruebas de defensa, mientras las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes.
Por su parte, el consejero jurídico del estado, Juan José Pon, explicó que el contrato contemplaba la construcción de una planta fotovoltaica, pese a que, según señaló, existían advertencias sobre la falta de competencia estatal en este tipo de proyectos.
Añadió que, de no haberse iniciado acciones legales, el gobierno estatal habría acumulado obligaciones por más de 6 mil millones de pesos a la fecha, derivadas de compromisos financieros vinculados al proyecto.
El caso continúa en proceso judicial y se mantiene como uno de los temas de mayor relevancia en la agenda política estatal, tanto por su impacto económico como por sus implicaciones legales.
