Por Redacción | Tijuana, Baja California, 24 de marzo de 2026.
En un movimiento que mezcla tradición, política y decisiones administrativas cuestionables, el Ayuntamiento de Tijuana anunció la exención del cobro de permisos para eventos religiosos durante la Semana Santa, una medida impulsada por el alcalde Ismael Burgueño Ruiz que, aunque se presenta como respaldo a la comunidad, también despierta dudas sobre criterios de equidad en el manejo de recursos públicos.
La instrucción, girada desde la presidencia municipal, beneficia directamente a asociaciones religiosas, a las que se les facilitará el uso de espacios públicos sin costo alguno. El argumento oficial apunta al fortalecimiento de la libertad de culto y la convivencia social, pero omite precisar el impacto económico de renunciar a estos ingresos en una ciudad con múltiples carencias en servicios básicos.
El anuncio no llegó solo. Fue acompañado de una reunión entre el secretario de Gobierno Municipal, Arnulfo Guerrero León, y representantes de la Iglesia Católica, entre ellos el monseñor Mario Villanueva Arellano, el padre José Velasco Arias y el padre Jesús Cárdenas Núñez. El encuentro deja ver una relación cercana entre autoridad y jerarquía religiosa que, en el terreno político, no pasa desapercibida.
Aunque el Ayuntamiento sostiene que la medida busca facilitar la organización de viacrucis y celebraciones propias de la temporada, el fondo abre un debate incómodo: ¿por qué ciertos sectores reciben facilidades administrativas mientras otros deben cumplir con cargas económicas completas?
El gobierno municipal insiste en que los permisos deberán tramitarse para garantizar orden y seguridad, pero el costo —uno de los filtros naturales de regulación— ha sido eliminado. En una ciudad donde comerciantes, organizadores culturales y ciudadanos enfrentan trámites y pagos constantes, la decisión deja la impresión de un trato preferencial bajo el argumento de la tradición.
Así, lo que se presenta como un gesto de cercanía con la comunidad también se lee como una jugada política cuidadosamente calculada en un contexto donde la imagen pública y la cercanía con grupos de influencia siguen siendo moneda de cambio.
