En medio del debate generado en redes sociales y algunos espacios informativos respecto a una residencia ubicada en Rancho Santa Fe, San Diego, California, la empresa Intl Builders Inc. emitió un comunicado oficial para precisar el origen legal de la propiedad y aclarar los rumores en torno a posibles vínculos gubernamentales.
De acuerdo con el documento, la propiedad fue adquirida legalmente por el empresario Fernando Salgado Chávez, fundador de dicha compañía, utilizando recursos propios y cumpliendo con toda la normativa fiscal y corporativa de los Estados Unidos. La empresa subraya que no existe participación de ningún funcionario público en la compra, uso o financiamiento del inmueble.
“La adquisición se realizó con recursos lícitos como parte del patrimonio privado del señor Salgado, quien ha tenido una larga trayectoria en el sector inmobiliario y en diversas industrias tanto en Baja California como en el sur de California”, se detalla en la misiva.
Sobre la presencia de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en la mencionada residencia, el documento puntualiza que se ha dado en un contexto estrictamente personal, sin relación alguna con el quehacer público o institucional. La aclaración se presenta tras diversas especulaciones que buscaban ligar la propiedad con servidores públicos en funciones.
Asimismo, la empresa señala que Anakaren Sánchez Rodríguez, figura mencionada en algunas versiones, fue registrada años atrás en documentos corporativos de forma exclusivamente administrativa, sin participación accionaria ni implicación alguna en la adquisición del bien.
En un contexto de alta exigencia social por la transparencia, Intl Builders Inc. reconoce la labor del periodismo riguroso y respetuoso de los hechos, pero también advierte sobre publicaciones que, según dice, “carecen de rigor periodístico e incluyen afirmaciones imprecisas y especulaciones infundadas”.
Finalmente, la empresa reitera su disposición a colaborar con cualquier autoridad que así lo requiera y afirma que su interés es exclusivamente empresarial, alejado de narrativas políticas.
Esta postura busca cerrar el capítulo de dudas en torno a la propiedad y sus vínculos, dejando claro que la legalidad, la transparencia patrimonial y la responsabilidad corporativa son los únicos elementos que respaldan esta operación inmobiliaria.
