Por Redacción | Tijuana, Baja California.
Organizaciones civiles de la frontera norte exigieron al Congreso de la Unión modificar la legislación vigente para permitir el acceso inmediato a la naloxona, un medicamento utilizado para revertir sobredosis por opioides, en un contexto marcado por el incremento de muertes relacionadas con el consumo de fentanilo.
La petición se realizó en el marco del Día Internacional de la Reducción de Daños, mediante conferencias simultáneas en Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, donde colectivos especializados alertaron sobre las limitaciones legales que actualmente restringen su disponibilidad.
En Tijuana, la organización Prevencasa señaló que la naloxona se encuentra clasificada como sustancia psicotrópica controlada en la Ley General de Salud, lo que dificulta su acceso para personal de emergencia, organizaciones comunitarias y familiares de personas usuarias de opioides.
De acuerdo con representantes del colectivo, esta restricción contrasta con la urgencia del problema, especialmente en ciudades fronterizas donde el consumo de fentanilo ha mostrado un crecimiento sostenido.
La directora de Prevencasa, Lilia Pacheco, explicó que una proporción significativa de personas consumidoras en la región corresponde a población migrante deportada, lo que añade complejidad al fenómeno al tratarse de usuarios con antecedentes de consumo en Estados Unidos.
Por su parte, Alfonso Chávez, coordinador del programa de reducción de daños, subrayó que la falta de acceso a naloxona limita la capacidad de respuesta en comunidades donde las sobredosis pueden ocurrir fuera del alcance inmediato de servicios médicos.
Las organizaciones indicaron que existen iniciativas legislativas en curso que buscan retirar el medicamento de la lista de sustancias controladas, lo que permitiría su distribución más amplia bajo un enfoque de salud pública.
Asimismo, recordaron que la Organización Mundial de la Salud incluye la naloxona en su lista de medicamentos esenciales, mientras que en países como Estados Unidos su disponibilidad ha sido ampliada como parte de estrategias para reducir muertes por sobredosis.
Actualmente, colectivos en México dependen en gran medida de donaciones internacionales para distribuir el medicamento en zonas de alto riesgo, lo que, señalaron, resulta insuficiente frente a la magnitud del problema.
Las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades federales para armonizar la legislación nacional con estándares internacionales y responder a las condiciones que enfrenta la región fronteriza.
