Por Redacción | Mexicali, Baja California.
La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, confirmó que el padre del menor Vicente mantiene dos carpetas de investigación abiertas por el delito de violencia familiar, correspondientes a los años 2023 y 2024; no obstante, precisó que dichos antecedentes son independientes del proceso penal que enfrenta Roxana “N” por la muerte del niño.
De acuerdo con la funcionaria, una de las carpetas ya se encuentra judicializada y próxima a audiencia intermedia, mientras que la segunda continúa en etapa de investigación.
Sin embargo, Andrade Ramírez aclaró que durante la audiencia de vinculación a proceso se determinó que estos antecedentes no acreditan una afectación mental reciente que justificara los hechos ocurridos contra el menor Vicente.
La fiscal señaló que existen evidencias relacionadas con el estado emocional y mental de la imputada durante las horas previas al fallecimiento del niño, incluyendo publicaciones realizadas en redes sociales.
La audiencia de vinculación inició el pasado sábado 9 de mayo a las 10:00 de la mañana y se prolongó durante más de 16 horas, periodo en el que tanto la defensa como la Fiscalía presentaron antecedentes de investigación, indicios y argumentos ante el juez.
Finalmente, durante la madrugada del 10 de mayo, el juez resolvió vincular a proceso a Roxana “N” por el delito de homicidio por comisión por omisión con dolo eventual.
Además, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
Respecto a los señalamientos realizados por la defensa sobre posibles problemas mentales o psicológicos de la imputada, Andrade Ramírez aseguró que hasta ahora no existe evidencia que sustente dicha condición.
“No hemos tenido ningún indicio de alguna situación mental o emocional que hayan impulsado estos hechos”, afirmó.
Por el contrario, indicó que dentro de las investigaciones existen elementos relacionados con presuntas amenazas y utilización del menor para generar daño emocional al padre del niño.
La fiscal explicó que el delito actualmente imputado contempla una penalidad mínima de ocho años y máxima de 15 años de prisión; sin embargo, advirtió que conforme avance la investigación podrían surgir nuevos elementos para reclasificar el delito o incorporar agravantes.
El caso de Vicente ha generado una fuerte reacción social en Mexicali y Baja California, luego de que el menor perdiera la vida tras permanecer varias horas dentro de un vehículo expuesto a altas temperaturas.
