Por Redacción | Nacional, 15 de mayo de 2026.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y general en retiro, se entregó a autoridades de Estados Unidos luego de ser acusado por fiscales federales de presuntamente recibir pagos mensuales de parte de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con reportes difundidos por el periodista especializado en narcotráfico y seguridad, Luis Chaparro, el exfuncionario se presentó voluntariamente ante autoridades estadounidenses a inicios de esta semana, luego de que inicialmente circularan versiones sobre una presunta detención en Arizona.
La Fiscalía de Estados Unidos lo señala de haber recibido alrededor de 100 mil dólares mensuales en efectivo a cambio de no intervenir en las operaciones de tráfico de drogas vinculadas con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Mérida Sánchez fue mencionado el pasado 23 de abril dentro de las acusaciones presentadas ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde autoridades estadounidenses detallaron una presunta red de protección institucional ligada al Cártel de Sinaloa.
Según la acusación, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa habría facilitado información anticipada sobre operativos de seguridad y cateos dirigidos contra laboratorios clandestinos relacionados con la organización criminal.
Las autoridades estadounidenses aseguran que, al menos en diez ocasiones, se habría notificado previamente sobre redadas a laboratorios de drogas, permitiendo que integrantes del grupo criminal evacuaran personal y sustancias ilícitas antes de la llegada de las corporaciones de seguridad.
La acusación también sostiene que el exfuncionario evitó realizar detenciones contra integrantes de la organización criminal mientras ocupaba el cargo dentro del gobierno estatal.
Hasta el momento, autoridades estadounidenses no han dado a conocer detalles adicionales sobre el proceso judicial que enfrentará Mérida Sánchez ni sobre posibles nuevas imputaciones relacionadas con el caso.
El tema se suma a la creciente presión judicial y política que enfrenta el estado de Sinaloa tras diversas investigaciones abiertas en Estados Unidos relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios públicos y estructuras del narcotráfico.
