España.- Por las las declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales, las autoridades españolas acusan a la cantante colombiana de haber defraudado a Hacienda más de 6 millones de euros.
Así lo sostiene el ministerio público español en la acusación que presentó hace 3 meses contra la artista -ya notificada a su domicilio en Miami-, lo que dio pie a que un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) abra una segunda causa contra ella, por dos delitos contra la Hacienda Pública.
A partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona Shakira será juzgada por defraudar 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014.
Hasta este martes se desconocía el alcance de esta segunda investigación, de acuerdo con medios internacionales el texto de la querella presentado por la Fiscalía provincial de Barcelona en la que acusa a Shakira por defraudar otros US$ 6,4 millones a la Hacienda española. De este monto, US$ 5,61 millones (5,3 millones de euros) corresponderían a la cantidad no satisfecha por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y US$ 819.000 (773.000 euros) por los rendimientos de la actividad que desarrollaba.
Al residir en España, la Fiscalía entiende que la artista debía tributar la totalidad de su renta mundial sin importar dónde se hubiese producido y cualquiera que fuera la residencia del pagador. Sin embargo, denuncia que la cantante no lo hizo y omitió declarar rendimientos derivando las rentas a una estructura societaria con presencia en “países de baja tributación y alta opacidad”.
Por otra parte, el ministerio público considera que Shakira dedujo siete millones de más en los gastos de sus sociedades, en algunos casos porque fueron contabilizados por duplicado y en otros porque se trataba de pagos de carácter “eminentemente personal”.
Entre esos gastos personales que la Fiscalía considera no deducibles figuran viajes particulares en jet privado -150.483 euros -, así como billetes de avión para sus dos hijos y su educadora.
Los delitos contra la Hacienda Pública que motivan la denuncia de la Fiscalía por el ejercicio fiscal de 2018, comprendidos en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal son castigados en España con la pena de prisión de dos a seis años y una multa del doble al séxtuple de la cuota defraudada.
