Ciudad de México.- La propuesta que ha generado gran expectación y que busca beneficiar a los trabajadores mexicanos, será puesta a votación antes del 15 de diciembre en la Cámara de Diputados, de acuerdo con información proporcionada por ellos. En esta reforma constitucional se busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana.
En una conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el panista Jorge Romero, compartió que todas las bancadas expresan su interés en que la reforma constitucional sea discutida y votada en el pleno de San Lázaro durante el actual periodo ordinario. Romero enfatizó que aunque convertirla en una reforma constitucional antes de finalizar el año es prácticamente imposible, se espera lograr su aprobación en esta fase legislativa.
El consenso es clave para salvaguardar los intereses de los trabajadores y garantizar que las microempresas no se vean afectadas negativamente. Se planea incluir disposiciones transitorias que establezcan una reducción progresiva de la jornada laboral, respondiendo a las preocupaciones de algunos empresarios que abogaron por una implementación gradual.
“Entre otros de los acuerdos que existen para sacar adelante la reforma de las 40 horas laborales es precisamente en su disposiciones transitorias, es acordar su progresividad, (es decir), no sea una disposición legal que entre de la noche a la mañana en vigor, y para que no sea un impacto tan de golpe, se plantea una progresividad”, señaló el presidente de la Jucopo.
La reforma al artículo 123 de la Constitución, inicialmente aprobada en abril, ha pasado por un proceso de Parlamento Abierto debido a las dudas surgidas sobre su aplicación. Entre sus disposiciones, destaca que por cada cinco días de trabajo, los operarios deberán disfrutar de al menos dos días de descanso. La jornada laboral actual de 48 horas a la semana se reduciría a 40, al modificar el límite de seis días de trabajo establecido por la legislación vigente.
Desde el pasado 6 de octubre, empresarios y legisladores han estado debatiendo los beneficios y contras que tiene aprobar esta iniciativa. De ser aprobada antes del 15 de diciembre en la Cámara de Diputados y el Senado, se prevé que entre en vigor en enero de 2024.
