México.- El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer el pasado 27 de marzo una actualización sobre las medidas tomadas en respuesta al incendio ocurrido en la estación migratoria Lerdo-Stanton en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo de 2023.
El INM solicitó la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) el 17 de abril de 2023 para abordar el proceso de indemnización a los familiares de las personas fallecidas y a los lesionados.
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La CEAV resolvió los montos a entregar a los núcleos familiares de las personas fallecidas, con 29 de los 40 beneficiarios ya habiendo recibido su indemnización. El proceso para los 11 restantes está en curso, requiriendo una acreditación adecuada de su derecho a recibir compensación.
El INM informó que los núcleos familiares de los fallecidos solicitaron no hacer públicas las cantidades que se les otorgó, esto por temas de seguridad.
En cuanto a las 27 personas migrantes lesionadas, el INM está trabajando en la determinación de los montos de compensación para cada individuo, con el objetivo de realizar los pagos correspondientes.
De igual manera se llevaron a cabo colaboraciones con diversas instituciones, incluyendo el secretario de Salud federal, el IMSS y el Issste, para proporcionar atención médica especializada a los heridos, con traslados a hospitales de alta especialidad en la Ciudad de México.
El INM aseguró el alojamiento, alimentación y transporte de las víctimas lesionadas y sus familiares, tanto en Ciudad Juárez como en la Ciudad de México. Además, se han proporcionado boletos de avión y tarjetas de visitante por razones humanitarias.
Para las personas migrantes fallecidas, se solicitó transporte aéreo para la repatriación a sus países de origen, así como servicios funerarios proporcionados por la Asociación Nacional de Directores de Funerarias AC (ANDF).
Por último, se inició una investigación a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Área de Especialidad de Control Interno en el ramo de Gobernación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades pertinentes.
