Ciudad de México.- El Senado de la República de México ha tomado una medida histórica al prohibir de manera definitiva y a nivel nacional los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), comúnmente conocidos como terapias de conversión.
Estas prácticas, consideradas por organismos internacionales como actos de tortura contra la comunidad LGBTQ+, implican abusos sexuales, electrochoques y supuestos exorcismos destinados a modificar la identidad de género y orientación sexual de las personas.
La aprobación de esta prohibición se llevó a cabo con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones durante una extensa sesión que duró casi 12 horas en el Senado. Esta medida llega un mes después de ser aprobada en la Cámara de Diputados y después de seis años desde que se presentó la iniciativa.
Tras la aprobación en el Senado, el documento fue enviado al Ejecutivo Federal para su trámite correspondiente y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
De acuerdo con la nueva legislación, aquellos que realicen terapias de conversión podrán enfrentar penas de dos a seis años de prisión y multas de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa una suma de entre 108 mil y 216 mil pesos. Estas sanciones se aplicarán a quienes realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien cualquier tipo de tratamiento o terapia destinada a cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona.
Es importante destacar que estas sanciones se duplicarán cuando las víctimas sean menores de 18 años, adultos mayores o personas con discapacidad.
El proyecto de decreto establece que bastará con la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que constituyan delito. Además, se prevé la suspensión en el ejercicio profesional de uno a tres años para aquellas personas relacionadas con las prácticas médicas que realicen terapias de conversión.
La aprobación de esta medida ha sido celebrada por activistas y políticos, quienes reconocen el trabajo de organizaciones como Yaaj México y Genaro Lozano, así como el esfuerzo de legisladores como Patricia Mercado, Citlalli Hernández y Alejandra Lagunes, además de diversas organizaciones y activistas que han luchado por los derechos de la comunidad LGBTQ+. Esta prohibición marca un avance significativo en la protección de los derechos humanos y la igualdad en México.
