Ciudad de México.- La reciente liberación de Abraham Oseguera Cervantes, conocido como “Don Rodo” y hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha desencadenado una controversia en México, poniendo en tela de juicio la actuación tanto del Poder Judicial como del Gobierno Federal.
El caso ha tomado un giro inesperado con las declaraciones de su abogado, quien afirma que una orden directa del presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo encerrado a su cliente durante casi dos días, a pesar de una orden judicial de liberación inmediata.
El abogado del familiar del líder del CJNG ha revelado que el mensaje del Ejecutivo a las autoridades del penal del Altiplano fue claro y directo: “No lo suelten, no lo dejen salir”. Esta presunta intervención del presidente en el caso ha generado una polémica adicional en torno a la actuación del Gobierno en asuntos judiciales y de seguridad.
Aunque un juez había ordenado la liberación inmediata de Oseguera Cervantes debido a la falta de elementos suficientes para vincularlo a proceso por los delitos que se le imputaban, la orden presidencial habría provocado una demora en su puesta en libertad. Esta situación ha suscitado interrogantes sobre el papel del Ejecutivo en el sistema judicial y su influencia en los procesos legales.
Las declaraciones del abogado han generado un debate sobre la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial en México. La presunta intervención del presidente en un caso judicial de alto perfil ha avivado las críticas hacia su administración, especialmente en lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado y el respeto al debido proceso.
Inicialmente detenido el 21 de abril por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, la liberación de Oseguera Cervantes se dio tras una audiencia de 18 horas, donde el juez Rogelio León Díaz Villarreal determinó su no vinculación a proceso debido a inconsistencias en la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).
La actuación del juez ha sido objeto de críticas por parte del Gobierno de México, que cuestionó la decisión de dejar en libertad a Oseguera Cervantes, señalando que se basó en argumentos que consideraron inverosímiles, como la capacidad del acusado para portar armas de fuego a su edad, así como la presencia de narcóticos en su posesión a altas horas de la noche.
Sin embargo, el juez defendió su decisión argumentando que la detención de Oseguera Cervantes no se llevó a cabo de manera adecuada y que existían discrepancias entre la versión de los hechos presentada por la Guardia Nacional y los videos aportados por la defensa del acusado.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su preocupación ante la liberación, calificando el caso como un “asunto de Estado” y pidiendo al Poder Judicial dar tiempo a las autoridades para evitar la liberación del acusado.
La demora en la liberación también ha generado críticas, ya que estuvo retenido en el penal del Altiplano durante casi dos días a pesar de la orden de liberación del juez. El Gobierno admitió la demora, justificándola como una medida para proteger la dignidad del Estado mexicano y llevar a cabo una revisión exhaustiva del caso.
