México.- En un esfuerzo por promover la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos del Estado, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, representante del partido Movimiento Ciudadano (MC), presentó una iniciativa legislativa que busca adicionar una fracción V al artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La propuesta legislativa, que fue turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, establece que en caso de cancelación de programas y proyectos registrados en la cartera de inversión, las dependencias y entidades gubernamentales deberán presentar una evaluación económica a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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Esta evaluación debe incluir los motivos de la cancelación y una cuantificación de las implicaciones económicas y financieras resultantes. El objetivo es determinar la viabilidad de la cancelación del proyecto y calcular el costo para el Estado, además de realizar un seguimiento del proceso de cancelación y vigilar que los costos no se incrementen.
En la exposición de motivos, Rodríguez Carrillo subrayó la importancia de regular el proceso de cancelación de obras públicas para promover una gestión transparente y responsable de los recursos públicos. Según el legislador, la implementación de normativas claras garantizará que cada decisión se tome con transparencia y que se rinda cuentas ante la sociedad y las autoridades pertinentes. Esto, a su vez, contribuirá a prevenir posibles actos de corrupción y desvíos de fondos públicos, fortaleciendo la confianza de la comunidad en la integridad de las instituciones gubernamentales.
El diputado destacó que las obras públicas suelen involucrar grandes sumas de dinero provenientes de los impuestos de los ciudadanos, por lo que regular el proceso de cancelación asegurará que estas inversiones se utilicen de manera efectiva para el beneficio público. En caso de que una obra no cumpla con su propósito o no sea viable, su cancelación protegerá los intereses y recursos de la comunidad.
Rodríguez Carrillo advirtió que actualmente existe una carencia en la legislación respecto a la ejecución de proyectos y obras de infraestructura, específicamente en lo que concierne al marco legal que gobierna la cancelación de proyectos. Un marco normativo adecuado, afirmó, no solo evitaría irregularidades en dichos procesos, sino que también mitigaría las afectaciones a la nación y a la sociedad.
